
En una extensa nota publicada ayer en la página web oficial, el gobierno no niega la mayor (es decir, que sus funcionarios, efectivamente, se han beneficiado de estos créditos públicos blandos) sino que defiende que los mismos han accedido a estas ayudas en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos y que el gobierno provincial no ha influido para que resultaran beneficiados.
«Ninguna participacion tiene el Gobierno provincial, ni alguno de sus funcionarios en el proceso, y mucho menos en un sorteo que es público y televisado», dice tímidamente el escrito del gobierno.
En un escrito que contiene varias repeticiones y no pocas contradicciones, el gobierno intenta aclarar que son, en cualquier caso, la ANSeS y el Banco Hipotecario Nacional los encargados de realizar el análisis y la evaluación crediticia de los postulantes, y que, por lo tanto, el gobierno provincial «nada tiene que ver con la selección y otorgamiento de créditos».
Lo que de ningún modo explica la comunicación del gobierno es la razón de la inusual cantidad de funcionarios públicos y responsables políticos que han resultado beneficiarios del sorteo, más allá de que pudieran cumplir o no con todos los requisitos legales.
El comunicado del gobierno concluye confirmando que todos los funcionarios y personas denunciados públicamente por El Tribuno son beneficiarios de estos créditos públicos (se supone que las cuantías mencionadas por el diario también son ciertas).
La confirmación surge del párrafo final del escrito en que se puede leer: «En el día de la fecha el secretario de Ingresos Públicos de la Provincia, Javier Montero, junto al director Ejecutivo de la Unidad pcial. de Coordinacion Pro.Cre.Ar Salta, Rubén Fortuny, se reunieron con el gerente local del Banco Hipotecario, Federico Belzunce, para interiorizarse sobre casos puntuales publicados en El Tribuno en la fecha de hoy. En dicha reunión el directivo de la entidad les confirmó que las personas mencionadas en el matutino, al igual que todos los beneficiados, cumplieron con la totalidad de los requisitos de la operatoria».
Sospecha
Tras hacerse pública la declaración del gobierno, sectores de la oposición han criticado el documento afirmando que si el gobierno de Urtubey, efectivamente, no influyó para nada en la concesión de los créditos a sus funcionarios, la denuncia de El Tribuno deja de ser un asunto del gobierno y pasa a ser una cuestión personal de cada uno de los denunciados, que deben asumir su defensa a título individual.Pero el hecho de que ninguno de los funcionarios mencionados -en especial, la Ministra de Justicia, Cintia Pamela Calletti- haya salido a desmentir las afirmaciones del diario y delegado en el gobierno la defensa de todos los casos, hace sospechar de la efectiva implicación del gobierno de Urtubey en otro escándalo trato de favor hacia sus funcionarios, como ya sucediera con las magnánimas adjudicaciones de las viviendas públicas construidas en las Lomas de Medeiros.