El Gobernador de la Provincia de Salta ha recibido en su despacho al presidente de la denominada Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señor Rafael Francisco Gutiérrez.
La información oficial dice que el señor Gutiérrez ha presentado al gobernador Urtubey «el documento que expresa la posición de los jueces de todo el país, quienes adhieren al pedido de inamovilidad para la Corte de Justicia de Salta».
El gesto del Gobernador es consistente con su declarado apoyo a la iniciativa de la Asociación de Jueces para que una Corte de Justicia integrada por jueces de segunda línea resuelva borrar del texto de la Constitución de Salta el límite de seis años para el desempeño del cargo de juez del máximo tribunal de justicia de la Provincia.
El apoyo de los jueces de otras jurisdicciones a la «inamovilidad» parece ignorar que quienes se desempeñan en la Corte de Justicia de Salta ya son inamovibles, por lo que cabe entender que su apoyo no va en la dirección de sostener una inamovilidad que ya figura en el texto constitucional, sino el carácter vitalicio de estos cargos, en contra de una disposición expresa de la Constitución provincial.
La audiencia concedida por el gobernador Urtubey hace pensar también que los jueces de otras jurisdicciones del país -en una clara demostración de injerencia en los asuntos que son privativos de la soberanía territorial de Salta- apoyan la modificación de la Constitución de esta Provincia por la vía elegida por la Asociación de Jueces; es decir, mediante el ejercicio de la acción popular de inconstitucionalidad.
De ser así, resulta dudoso de que el señor Gutiérrez, o quienes comparten con él responsabilidades en la junta federal que preside, conozcan exactamente el diseño institucional de la Provincia de Salta.
El mismo día en que el gobernador Urtubey recibía en su despacho al portavoz de los jueces que apoyan la reforma de la Constitución de Salta mediante un acto judicial sustraído al control ciudadano, el Colegio de Abogados de Salta emitía un contundente comunicado, subrayando el carácter antidemocrático del intento de reforma y recordando una multitud de pronunciamientos de los tribunales de justicia acerca de la imposibilidad jurídica de declarar inconstitucional un precepto de la propia Constitución.
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