
La información oficial del gobierno no aclaran las razones del deplazamiento de los funcionarios que hasta hoy desempeñaron los cargos más altos de la institución penitenciaria provincial, pero dice que los cambios «tienen el objetivo de profundizar las estrategias de acción encaradas por el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, en vista de las nuevas políticas públicas en materia de derechos humanos y brindar continuidad al fortalecimiento de la institución, tendiente a promover la seguridad de la población en general y la reinserción social de las personas privadas de libertad».
En la oportunidad, la ministra Calletti destacó la importancia de los cambios realizados desde el traspaso del Servicio Penitenciario, que históricamente estaba concebido y basado en términos de seguridad y que por ello dependía del Ministerio con competencias en esa materia, a un sistema de derechos humanos y justicia, que tiene en su eje la seguridad de la población dentro y fuera de las unidades carcelarias. O sea que el enfoque de seguridad apenas si ha cambiado.
La funcionaria anunció también que se impulsarán nuevas actuaciones, entre ellas la creación de lo que se llamará Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UDAME), el desarrollo de áreas de inteligencia criminal (el SP no persigue delitos) y un programa de «intervención de violentos» (no habla de «violentas»).