Después de haber concretado la operación con un retraso estimado en tres semanas sobre la fecha prevista y a una tasa de interés superior en un 15% a la esperada, aproximadamente, el gobierno de Salta y sus habituales portavoces en las redes sociales intentan por estas horas hacer pasar como un gran logro para la Provincia a una operación que tiene toda la pinta de ser un parche de última hora. En los anuncios oficiales -todos ellos gloriosos, como si se refirieran a la conquista de las Galias- no se menciona en ningún momento la razón por la cual la cantidad de dinero obtenido por los negociadores salteños es casi un 15% inferior a la que prevé el artículo 1º de la ley provincial 7931.
Recordemos que esta ley autoriza al Poder Ejecutivo provincial (al Gobernador de Salta) a «realizar, mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados, las operaciones de crédito público por un monto total de hasta dólares estadounidenses Trescientos Cincuenta Millones (U$S 350.000.000) o su equivalente en pesos u otras monedas al momento de su emisión».
El uso de la preposición «hasta» en el texto legal no fue óbice para que el gobierno anunciara repetidamente que su objetivo era buscar la cantidad superior autorizada por la ley. Basta en este sentido con recordar las declaraciones del Gobernador de la Provincia en el programa de televisión La Quinta Pata el día miércoles 15 de junio de 2016.
Un medio de comunicación digital que hace las veces de portavoz oficioso del gobierno provincial, publica el día 13 de junio el siguiente titular: «#Bonos: Parodi y Gomeza viajaron al exterior para traer US$ 350 millones». En esta misma información se dice: «el gobierno tiene intenciones de contar con los fondos cuanto antes ante la caída de los recursos nacionales».
Nadie sabe -excepto el triunfante Urtubey y sus funcionarios- dónde está el dinero que falta y por qué razón se ha anunciado con tanta euforia que la colocación de los títulos de la deuda salteña en el mercado internacional ha sido solo por el 85,71% de la cantidad autorizada por la ley.
Es de suponer que si faltan 50.000.000 de dólares del dinero inicialmente previsto por la Legislatura, las obras públicas e inversiones en bienes de equipo previstas en el artículo 3º de la ley 7931 no podrán llevarse a cabo en su totalidad. Es decir, que alguien saldrá perdiendo.
En las próximas horas tenemos que esperar que el gobierno provincial nos diga que si no intervenía la mano prodigiosa y bienhechora de Urtubey, en vez de 300.000.000, con suerte nos hubieran prestado 120.000.000. Todo es posible.
Si queremos pensar bien, la explicación es que a los inversores extranjeros no les ha cuadrado mucho que digamos el perfil del deudor o quizá que la tasa de interés se iba a disparar por encima del 10% (inasumible políticamente para el gobierno) si el acreedor desembolsaba 50 millones más. Tal vez los fondos inversores decidieron hacer como generalmente hacen los malos bancos, esto es, quedarse con 50 millones «por si las moscas». Hasta que el gobierno no explique -y deberá explicárselo a la Legislatura, que es la burlada- no lo sabremos con exactitud.
Lo que no se sabrá jamás, porque la transparencia declamada por Urtubey se convierte en obscuridad absoluta cuando de dinero público se trata, es a qué tasa de interés nos hubieran prestado los inversores, si la operación, en vez de hacerse el día 29 de junio, como se hizo, se hubiera concretado entre los días 13 y 16 de junio, como señalan los decretos que autorizaron el viaje de los funcionarios de Urtubey al extranjero para cerrar la colocación de los bonos.
Jamás conoceremos la razón por la cual la operación financiera salteña fue abortada por tres veces, cuando ya la mayoría de las provincias argentinas había conseguido colocar en el extranjero sus bonos de deuda.
Nadie sabe ni sabrá tampoco cuánto dinero y recursos públicos le ha costado al erario salteño mantener a durante más de dos semanas vagando por el mundo de las altas finanzas a tres funcionarios que salieron de aquí con el encargo de atar un préstamo en un plazo de tres días.
Solo sabemos que el día jueves 16 de junio, cuando estaba todo listo para firmar, los funcionarios salteños no quisieron hacerlo porque los futuros acreedores exigían una tasa de interés del 9%. Al final, terminaron firmando casi dos semanas después, por una tasa de interés incluso superior (y por menos dinero) como todo el mundo sabe.