
La misma información añade que el mandatario salteño saludó al presidente de la institución anfitriona, señor Carlos Diez San Millán, y que éste, a su vez, agradeció al gobernador Urtubey «por el deber cumplido», en clara alusión a la aprobación por el Congreso Nacional de la ley que establece el día 17 de junio como feriado en todo el país, en honor del General Güemes.
Como se recordará, el pasado martes 7 de junio, en ocasión de la apertura del solemne triduo güemesiano, el señor Diez San Millán efectuó ante las cámaras del canal 9 de Salta unas declaraciones en las que anunció que «el pueblo se va a alzar en armas si no se aprueba el feriado de Güemes».
Tan creíble e idónea fue la amenaza del gaucho de emplear la fuerza de las armas contra el orden constitucional, que, horas después, una sólida mayoría de senadores nacionales decidió aprobar la ley en cuestión, sin apenas someter la cuestión a debate.
A pesar del tenor de esta amenaza y de que su pública formulación podría ser constitutiva del delito previsto y castigado por el artículo 226 bis del Código Penal argentino, la virtual exención de responsabilidad penal de que gozan los gauchos en Salta ha hecho que ningún fiscal, ni federal ni provincial, llame a declarar al autor de la amenaza.
La omisión de la persecución penal de esta grave conducta podría, a su vez, ser constitutiva de delito.
La bendición de Urtubey
Pero por si faltaban elementos para juzgar definitivamente que el gobierno provincial estuvo plenamente de acuerdo con la insinuación de un jefe presuntamente faccioso de usar las armas contra las autoridades constituidas de la nación, arrogándose la representación del pueblo, el almuerzo compartido entre el gobernador Urtubey y el gaucho Diez San Millán despeja cualquier duda.En los diez días transcurridos desde que la amenaza fuese públicamente ventilada, ni Urtubey ni ningún miembro responsable de su gobierno ha reprochado al gaucho su amenaza, criticado sus palabras o exigido responsabilidades por su exceso.
Antes al contrario, el gaucho ha recibido al Gobernador en su mesa agradeciendo al mandatario el «haber cumplido su deber», tal como si Urtubey hubiese asumido con anterioridad un compromiso sobre una decisión que no compete a su gobierno sino a las instituciones del Estado federal.
Con lo que solo cabe pensar que Urtubey no solo estuvo de acuerdo con la amenaza gaucha, sino que probablemente él formaba parte del plan urdido por los gauchos para desestabilizar al gobierno en caso de una votación negativa o un veto a la ley del feriado de Güemes.
La confirmación de esta complicidad articulada entre el Gobernador y los gauchos la encontramos en la comunicación oficial del gobierno, que dice textualmente: «El reconocimiento nacional del héroe gaucho Martín Miguel de Güemes es producto de acciones conjuntas del Gobierno e instituciones tradicionales que buscaban la reivindicación para su máxima figura».
Una reivindicación, dicho sea de paso, obtenida mediante el uso de coacciones que probablemente sean constitutivas de delito.
Los gauchos y la Constitución
La relación entre los gauchos y la Constitución (y los valores que ésta representa) no es de las más transparentes que se conozcan en la historia argentina.Los gauchos no solo son anteriores a la Constitución sino anteriores al nacimiento de la Argentina como país independiente. De hecho, Güemes los militarizó antes para servir a la Corona española que a los intereses independentista. Quizá por esta razon, entre las prácticas gauchescas -que incluyen juramentos a la bandera, a los Santos Evangelios, a la memoria de Güemes y a la virginidad de sus caballos- no figura en ningún caso el juramento de observancia de la Constitución.
Que a los gauchos de este milenio les importe realmente poco lo de las libertades individuales, la igualdad ante la ley y el respeto a los derechos humanos, no es por tanto sorprendente. Antes que la Constitución y sus reglas está Güemes, que es cronológicamente anterior a cualquier intento de organización del país.
Sin embargo, la precedencia histórica del interés gaucho no les exime de cumplir la Constitución y de respetar a las autoridades establecidas de acuerdo con ella. Solo algunos irresponsables, como el Gobernador de Salta, se pueden permitir el lujo de sentarse a comer con quienes han amenazado públicamente con utilizar las armas en contra de sus hermanos, para romper la igualdad, acabar con la libertad y aniquilar las instituciones.