
Las instalaciones municipales sufrieron graves daños, el vehículo particular de la Intendente fue atacado con palos y piedras, los hijos de la señora Sanz fueron amenazados de muerte y decenas de personas fueron secuestradas durante cinco horas en el edificio municipal, hasta que la Policía puso fin a la ocupación ilegal, no sin antes detener a diez personas.
Estos hechos, sobre cuya gravedad resulta innecesario extenderse, no han merecido la más mínima reacción de parte del Ministro de Gobierno de Salta, señor Juan Pablo Rodríguez.
Al tiempo que la señora Sanz recibía mensajes de solidaridad de otros intendentes -como el de la ciudad de Salta- el ministro Rodríguez mantenía la misma flemática actitud que mantiene desde el pasado 10 de diciembre, fecha en la que el Gobernador de la Provincia decidió «soltarle la mano» a los intendentes municipales, en nombre de la crisis fiscal y del poder exorbitante concedido al ministro Carlos Parodi.
En la pasada primavera, el mismo Rodríguez, impasible a las críticas que le fueron dirigidas desde casi todo el arco político opositor, llevó adelante una vergonzosa campaña para comprar la adhesión de los intendentes municipales a la candidatura presidencial de Daniel Scioli. La campaña incluyó una no menos vergonzosa sesión de fotografías con cada uno de los intendentes comprados, que dio la vuelta al mundo por su descaro y la visible utilización partidista de los recursos del Estado.
Después del fracaso de Scioli -que fue mucho más notable en Salta que en otros lugares de sólida tradición peronista- Rodríguez ha dejado a los intendentes librados a su suerte. A los que se fotografiaron con él, pero sobre todo a los que -como la señora Vega- se negaron en su día a apoyar a Scioli en base a promesas de auxilio futuro.
En este contexto, el descarado y antidemocrático ataque a la Municipalidad de Cerrillos, a su Intendente y a sus funcionarios no ha merecido una sola línea de reproche o de condena institucional por parte del señor Rodríguez o de personas de su entorno. De lo cual cabe deducir que está muy de acuerdo con la metodología de rociar con combustible a las personas y amenazarlas con prenderles fuego, y de destruir los vehículos particulares de los intendentes, como forma de alcanzar objetivos políticos.
Esta coincidencia con los violentos no debería sorprender a nadie, al menos en el caso del señor Rodríguez, cuyo desprecio por la ley y los procedimientos legales ha quedado de manifiesto sin necesidad de maquillaje con su insólito anuncio de expropiar las instalaciones de la empresa Plumada, con la que su ministerio mantiene un contencioso contractual.