No hay momento malo para suprimir el voto electrónico. Mientras más pronto se haga, mejor. Para la democracia y para los ciudadanos de Salta.
Pero si tomamos la decisión de eliminarlo, si esa decisión es sincera y no oportunista, lo menos que se puede hacer es valorar el pasado. No se puede mirar solo hacia adelante y renunciar a reflexionar sobre el enorme daño causado a la ciudadanía por un capricho tecnológico personal que, además, se encuentra en la infancia de su desarrollo.
En esta mirada retrospectiva no se puede soslayar el hecho de que el voto electrónico de Urtubey fue aplaudido por tres cuartas partes del arco político de Salta y que solo un puñado de ciudadanos alzó la voz en su momento para oponerse a este delirio, que nos fue vendido como una experiencia futurista pero cuyas trampas hacen recordar las prácticas más oscuras de nuestra historia electoral.
Desde que las máquinas de Magic Software Argentina fueron utilizadas por primera vez en Salta (el referéndum de Nazareno, celebrado en agosto de 2010) han transcurrido diez años y una cantidad bastante respetable de elecciones que se han decidido por este sistema, definido con precisión como «opaco e inverificable».
Se cuentan con los dedos de una mano los salteños que se han opuesto al voto electrónico desde aquellas fechas. Nuestro medio lo ha hecho sin dudar desde el primer momento y ha apoyado a quienes después se sumaron al rechazo.
Casi todas las elecciones celebradas desde agosto de 2010 a la fecha han favorecido o beneficiado de algún modo a Juan Manuel Urtubey y a los candidatos y aventureros de variado pelaje que se colgaron de su estela. Todo ello, sin contar con los beneficios de otra índole de que pudiera haber disfrutado el entonces Gobernador cuando decidió asumir, sin que los ciudadanos de Salta se lo pidieran, el papel de agente comercial del voto electrónico en otras provincias argentinas.
En la forzada introducción del voto electrónico en Salta ha colaborado activamente la Corte de Justicia Provincia, a través del Tribunal Electoral, que controla de forma directa. Magistrados y funcionarios encargados de asegurar la neutralidad del aparato de administración electoral se convirtieron de la noche a la mañana en activistas a favor del voto electrónico, a sabiendas de que se trataba de una herramienta parcial y partidista.
Fue el Tribunal Electoral el que negó a los partidos políticos (y, por ende, a los ciudadanos) la posibilidad de conocer y controlar el código fuente de las máquinas, según está previsto en la ley del voto electrónico.
Pero quizá lo más interesante es que, en un momento determinado, los funcionarios y «técnicos» de aquel frankensteiniano tribunal encontraron un filón en el negocio de la «capacitación» de los electores, una tarea en la que periódicamente se gastaron toneladas de dinero y que ahora no sirve para nada, pues los nuevos y sorprendentes «enemigos» del voto electrónico quieren que se vote con una boleta única de papel.
Tarde se han dado cuenta algunos de que el gasto electoral es altísimo e inasumible por unas arcas públicas exhaustas. Pero si se suprime el voto electrónico, que no sea por dinero, por favor, sino por la certeza de que es una herramienta que no supera casi ninguna prueba de transparencia y de equidad, y que durante su funcionamiento ha hecho una contribución negativa a la transparencia del proceso electoral y a la calidad de nuestra democracia.
Que cuando se produzca la eliminación -esperemos que definitiva- del voto electrónico, los ciudadanos seamos capaces de distinguir entre aquellos que se han opuesto a él desde el principio y los que, de forma oportunista, reclaman ahora su supresión, después de todo el daño ya producido, del cual son indudablemente cómplices y facilitadores.