La menguada autoridad del Tribunal Electoral de Salta

En mayo de 2015 tuve ocasión de opinar sobre la necesidad de la reforma del vigente sistema de administración electoral de Salta, a la vista del preocupante deterioro de la autoridad del Tribunal Electoral de esta Provincia y de su creciente pérdida de imparcialidad.

Es necesario volver hoy sobre el tema, no solamente porque los síntomas de aquel deterioro se han hecho cada vez más evidentes, sino porque hay en el espacio público un cierto grado de confusión acerca de la autoridad que ejerce el Tribunal Electoral, especialmente en lo relativo al valor de las opiniones que emite.

Lamentablemente, este órgano administrativo (que aunque pertenezca formalmente al Poder Judicial y aunque esté integrado solo por jueces no es un órgano jurisdiccional sino político), cuando opina, suele hacerlo con pretensiones de infalibilidad; como si su palabra fuera la última instancia de la verdad en cuestiones tan complejas como las que son propias de la administración electoral.

Por supuesto, nada más lejos de la realidad. En primer lugar porque como órgano técnico, el Tribunal Electoral de Salta es bastante deficiente (no lo dice solamente quien suscribe), y luego como órgano político no solo es parcial y partidista, sino que claramente sirve a los intereses del gobierno, trata a los partidos políticos como a clientes subordinados e ignora sistemáticamente a los ciudadanos, a los que -se supone- debería servir.

Esta especie de esquizofrenia institucional acarrea serios problemas al sistema político y al sistema de libertades públicas. Un órgano administrativo que piensa y se cree que acierta en todo lo que dice y que trata de imponer sus opiniones, no por la fuerza de la razón, sino por medios coercitivos como las resoluciones judiciales, solo puede provocar perjuicios duraderos e irreversibles.

Sobre la vulnerabilidad del código fuente

Con estas ínfulas, el Tribunal Electoral de Salta pretende ahora dar por cerrado el vivo debate que animan expertos informáticos y especialistas en Derecho Electoral sobre la vulnerabilidad del voto electrónico.

En las últimas horas se ha podido comprobar cómo este órgano fantasma ha vuelto a echar mano de argumentos endebles, revestidos de autoridad pontificia, para negar, contra toda evidencia, que el código fuente de los programas que utilizan las máquinas de votar pueda ser accedido por los hackers.

El Tribunal Electoral, sea como encargado de la administración electoral del Estado, sea como instancia de resolución de las controversias electorales o sea como último juez de la validez de las elecciones, no puede salir a defender algo que en absoluto está bajo su control, como es el software de los terminales de voto. Esta cuestión escapa claramente a su competencia técnica.

Si, como se supone, ha sido la empresa propietaria de los artilugios la que, por razones comerciales o de la naturaleza que sean, la que ha decidido que el código fuente del voto electrónico salteño permanezca en la oscuridad más absoluta, el Tribunal Electoral de Salta nada tiene que decir sobre el asunto. Si acaso, quien tiene que salir a defender la integridad de los aparatos y de los programas que los controlan es la empresa que provee las máquinas y el software.

Ahora que si la empresa ha comunicado dicho código al Tribunal Electoral, es deber de la autoridad pública compartirlo inmediatamente con todos los ciudadanos, partidos, expertos y peritos que así lo requieran. No existen motivos legales ni morales para que el Tribunal oculte esta información clave, si es que se encuentra en su poder. El Tribunal Electoral de Salta, como órgano público, no puede decir «me guardo esta información para tener más poder sobre los partidos y los ciudadanos». Es sencillamente inadmisible.

Dicho en otros términos, que si el Tribunal Electoral no conoce el código fuente -porque la empresa no se lo ha comunicado- no puede lógicamente salir a defender su inviolabilidad del modo tan ardoroso y convencido como lo ha hecho en las últimas horas; porque en el supuesto de que existieran vulnerabilidades, el Tribunal sería completamente incapaz de conocerlas o de corregirlas.

Y si, por la razón que fuese, el Tribunal conoce efectivamente el código fuente, sería completamente abusivo, inmoral y antidemocrático que quienes lo dirigen adopten por sí la decisión de ocultar esta información a los ciudadanos. Cualquier norma jurídica que prohibiera dar a conocer el código fuente sería nula e inconstitucional, porque el sufragio es un mecanismo público y ningún segmento del proceso público a través del cual se ejerce el sufragio puede ser sustraído al conocimiento de los ciudadanos, sin mengua o menoscabo de este derecho fundamental.

En resumen, que al Tribunal Electoral de Salta le hace falta que le bajen los humos y de una sola vez, porque la autoridad que ejerce, aunque estuviera en su apogeo de prestigio (que evidentemente no lo está) no alcanza para acabar de un plumazo con los debates y para mandar a callar a los ciudadanos que defienden la intangibilidad de su derecho al voto.

Salta necesita un órgano de administración electoral perfectamente independiente y neutral, pero no solo de la contienda política, sino de los intereses comerciales y de los poderes fácticos de cualquier naturaleza. Un órgano que no funcione como una «familia siciliana» sino que esté abierto a la participación ciudadana, a través de los partidos políticos y de organizaciones libres de la sociedad civil, integrado por expertos de reconocida trayectoria y sometido a estrictos controles legales que impidan para siempre que sean la arbitrariedad y los caprichos de los funcionarios a sueldo del gobierno las que decidan en cada caso cómo se han de resolver los complicados problemas de la administración electoral del Estado.