Ayer sábado, día 8 de mayo de 2021, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea (no confundir con el Consejo de Europa, que no es una institución de la UE) han difundido la Declaración de Oporto, un breve documento que resume en trece puntos los principales objetivos de la Unión tras la superación de la pandemia, que felizmente hoy se intuye cercana.
Como suele sucederme desde hace muchos años, la lectura de documentos como este me obliga a comparar la dinámica política europea (que no me atrevería a calificar de sorprendente sino más bien de saludablemente adaptable a los escenarios cambiantes) con lo que sucede en Salta, en donde los escenarios cambian casi a la misma velocidad que en Europa, pero en donde sin embargo las respuestas políticas son planas y uniformes desde hace por lo menos veinticinco años.
Sé que a muchos salteños les irrita cualquier comparación con Europa. Por razones que jamás he alcanzando a comprender, el salteño medio experimenta como una ofensa personal el que alguien se atreva a comparar su estilo de vida, su cultura, su sistema político, su forma de resolver los conflictos y de atacar los problemas con los países extranjeros, particularmente -y no sé por qué- con los países de Europa.
Por primera vez en muchísimo tiempo, la pandemia de COVID-19 ha planteado un reto casi idéntico en estos dos espacios tan alejados del planeta y tan diferentes en materia de nivel de renta y estabilidad política. Europa enfrenta hoy los mismos problemas que Salta y, sin ánimo de polemizar con nadie, tengo que decir que -probablemente por el hecho de que los países de Europa han sufrido primero el devastador impacto del virus- muchas de las respuestas políticas y técnicas que se han ensayado en Salta han estado de alguna manera inspiradas en las decisiones de los principales países europeos.
Ahora, cuando el desafío consiste en planificar la salida de la crisis, Europa y Salta, Salta y Europa, vuelven a dividir sus caminos.
Después de la Cumbre Europea de Oporto y de la Declaración del 8 de mayo, han quedado claras dos cosas:
1) Que lo primero que deben atacar los países afectados por la pandemia son las desigualdades sociales que se han acentuado durante la crisis; y
2) Que los países que más difícil lo van a tener para adoptar medidas eficaces en este sentido son aquellos en donde las posiciones de poder se mantienen invariables desde hace muchos años.
El proceso electoral lanzado en Salta, a pesar de la pandemia y de la precaria situación sociosanitaria, demuestra que para los salteños es más importante conservar o reforzar aquellas posiciones de poder que solucionar la crisis producida por el coronavirus.
No se debe olvidar que en Salta se ha puesto en marcha, al mismo tiempo, una reforma constitucional y se ha convocado a elecciones de constituyentes para el mismo día en que se elegirán diputados, senadores y concejales ordinarios, cuando en la práctica totalidad de países del mundo cuyas constituciones pueden ser reformadas por asambleas especialmente elegidas a tales efectos, las elecciones de constituyentes no pueden coincidir con otras.
El punto 1 de la Declaración de Oporto dice así: «Destacamos la importancia de la unidad y la solidaridad europeas en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Estos valores han definido la respuesta de los ciudadanos europeos a esta crisis y también fundamentan nuestro proyecto común y nuestro modelo social diferenciado. Ahora más que nunca, Europa debe ser el continente de la cohesión social y la prosperidad. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en pro de una Europa social».
Frente a una situación similar, en Salta no solo carecemos de ideas que orienten la acción colectiva en ninguna dirección. El gobierno provincial actúa a espasmos y, por razones que son de todos conocidas (la grieta), en Salta no se puede hablar ni de «proyecto común» ni de «modelo social diferenciado», a menos que entendamos por tal al 65% del trabajo en negro y la pobreza aguda que afecta a más de 600.000 salteños.
En julio del año pasado, cuando la primera ola de la pandemia había empezado a aquietarse, los países de la UE alcanzaron un acuerdo histórico sobre el marco financiero plurianual y el esfuerzo específico de recuperación en el marco del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU). Si en aquel momento el foco estaba colocado sobre las reformas, la inversión y la aceleración de las transiciones ecológica y digital, hoy, sin renunciar a ninguno de estos objetivos, Europa -que ha aprendido de sus errores, especialmente los cometidos a la salida de la crisis de 2008- ha orientado la nave hacia «una recuperación justa, sostenible y resiliente» basada en algo que desde hace más de 70 años confiere su identidad a este continente: su modelo social.
Más tarde o más temprano, Salta superará la pandemia y deberá pensar en la forma en que abordará su recuperación. Pero, a la luz de la experiencia europea, no caben dudas de que cualquier camino que elija Salta en el complejo escenario postcovid demandará años, cuando no décadas enteras, para ser recorrido. La explicación de esta lentitud se encuentra en el hecho de que -como ha quedado demostrado con el frenesí electoral- en Salta es más importante la conservación del poder para quienes lo ejercen desde hace décadas que las soluciones a los problemas sociales.
En Salta gobiernan los mismos, con las mismas herramientas y el mismo modelo de sociedad, desde hace un poco más de 25 años. No hay una oposición visible, y al mismo tiempo viable, capaz de amenazar la solidez del edificio de poder que han construido aquellos a los que no les importa otra cosa que su propia supervivencia y reproducción.
Podemos dar vida a cinco órganos parecidos al descafeinado Consejo Económico y Social que el gobierno hará todo lo que sea necesario para consolidar los privilegios de grupo antes que velar por el interés general. Salvo en las carpetas de algunos activistas que operan en los márgenes exteriores del sistema, no existen en la agenda política salteña proyectos y propuestas para lograr una adecuada convergencia social entre territorios muy desiguales, para hacer frente a los desafíos demográficos, para dar el lugar que corresponde al diálogo social y para fomentar la participación y la actividad de los interlocutores sociales en las principales decisiones públicas.
El empleo, en volumen y calidad, seguirá constituyendo una preocupación menor. El desarrollo de nuestras capacidades, la reducción de la pobreza y el cierre de la brecha de igualdad entre mujeres y hombres, por solo mencionar tres objetivos sociales trascendentes, no forman parte, de ningún modo, de lo que se podría llamar una agenda básica de «recuperación inclusiva».
En Salta, si conseguimos recuperarnos, nada indica que alcanzaremos este objetivo de una forma justa y equitativa que contemple los intereses y necesidades de los sectores más necesitados. Lo más sofisticado que se ha hecho en Salta en los últimos años para promover la igualdad entre hombres y mujeres ha sido proyectar un ciclo de películas alusivas a las cuestiones de género. Por alguna razón, algunas feministas de Salta, a la hora de adoctrinar, emplean las herramientas que habitualmente despliegan las catequistas, tan denostadas por algunas militantes de su mismo sexo. La máxima que nos transmiten el gobierno y los partidos políticos es: «primero nosotros».
Solo la «odiosa» comparación con Europa puede lograr que nos convenzamos de una vez que hay que dar prioridad a medidas de apoyo a los jóvenes, que vayan más allá de un boleto de transporte gratuito. La crisis de la COVID-19 ha hecho estallar la participación juvenil en el mercado de trabajo y ha dado al traste con sus planes de educación y formación. Si, como dice la Declaración de Oporto, los jóvenes «representan una fuente indispensable de dinamismo, talento y creatividad para Europa», para Salta, por su número y su creciente influencia social, los jóvenes representan mucho más.
Es por esta razón que tenemos que pensar en nuestra juventud como en la fuerza motriz de la recuperación ecológica y digital, y no condenarlos a ser pequeños abogados frustrados, agricultores permanentemente subsidiados o empleados públicos sin futuro. Debemos darle una oportunidad para que formulen su proyecto de vida y que lo puedan llevar a cabo sin tener que pagar el injusto precio de la emigración.
El documento europeo no habla de la recuperación de las libertades, que en este continente han sufrido, pero menos que en otros lugares del planeta. Europa y libertad son casi conceptos sinónimos. Hablo de la idea de libertad que nació en este continente, que ha atravesado aquí numerosas vicisitudes históricas -entre ellas, guerras horrendas- y que sin embargo se ha enriquecido y perfeccionado a lo largo de los siglos.
Pero en Salta la pandemia ha reforzado el autoritarismo y ha hecho retroceder la libertad a niveles incluso inferiores a 1976. Solo unos pocos se han preocupado por la deriva autoritaria del gobierno, por el decretismo sin controles, por el activismo judicial deformante y por la superficialidad del Poder Legislativo. Por tanto, una de las tareas más importantes que tenemos por delante los salteños es restañar las libertades dañadas y procurar que sus beneficios se extiendan a todos los ciudadanos, sin distinciones de ninguna clase.
Sin libertad y sin democracia, sin un recambio controlado, periódico y racional en las responsabilidades de gobierno, que excluya definitivamente la sucesión generacional de las oligarquías enquistadas en el poder, no habrá jamás una salida justa de la pandemia ni una recuperación provechosa como la que necesita Salta para evitar que su futuro sea parecido a los últimos veinticinco años, que seguramente han sido los más desgraciados de toda su historia.
Una vez más, el ejemplo de Europa nos es aplicable. Incluso a aquellos que detestan compararse, mientras que, perfumados de Chanel, con su brazo pinchado por una vacuna rusa, miran nerviosamente la hora en su Rolex, beben apuradamente a media mañana su Martini, antes de arrancar su BMW para lanzarse, desesperados, a comprar tamales y humitas.