(TÉLAM) - El primer ministro francés, Manuel Valls, anunció un aumento "excepcional" de los recursos humanos y materiales con que el país enfrentará la "lucha antiterrorista", debido al cambio de escala de este tipo de amenaza. "El número de individuos radicalizados, que pueden pasar a la acción, no deja de aumentar", argumentó Valls al detallar hoy las primeras medidas acordadas en el Consejo de Ministros, y tras subrayar que la dimensión que adquiere esta amenaza "impone medidas excepcionales y no de excepción".
Las medidas incluyen el refuerzo de los medios humanos, con 2.680 empleos creados en los diferentes polos de la lucha contra el terrorismo para los próximos tres años, y también materiales, lo que implica una inversión de alrededor de 500 millones de dólares.
El ministro detalló que Francia ya tiene actualmente desplegadas a 122.000 personas entre fuerzas del orden y militares para proteger el espacio público y los centros sensibles de todo el país tras la elevación del nivel de alerta por los ataques terroristas.
Entre los 122.000 efectivos que "aseguran la protección permanente de puntos sensibles y del espacio público" están los refuerzos de 10.500 militares que salieron de los cuarteles la semana pasada para proteger instalaciones estratégicas, pero también centros de culto o escuelas judías, señaló el ministro.
Valls aseguró que unas 3.000 personas requieren vigilancia en el territorio nacional y que de ellas 1300 están vinculadas con las redes yihadistas en Siria e Irak, grupo que -enfatizó- "aumentó un 130% en un año" según informó la agencia de noticias EFE.
El diario "Le Figaro", que cita fuentes policiales, asegura que de esos 1.300 franceses o residentes en Francia, al menos 393 han dado el paso de irse a Siria para integrarse en grupos yihadistas como el Estado Islámico, y entre ellos figuran 96 mujeres, con una edad media de 25 años y reducidas allí en muchos casos a la esclavitud sexual.
De acuerdo con esa misma contabilidad, 240 yihadistas franceses salieron de Siria y 190 volvieron a Francia, donde los servicios secretos tratan de vigilarlos por considerar que constituyen "bombas potenciales".
A esos hay que sumar unos 250 que están en tránsito hacia las zonas de combate y cerca de 300 con intenciones de ir.
Un policía citado por el diario advirtió que impedir que estos últimos integren las filas yihadistas puede ser también un riesgo, en la medida en que decidan atentar en represalia en Francia.
En ese marco, el Gobierno prepara también una nueva ley para regular los servicios de inteligencia que será debatida en el Parlamento en marzo.
En el Ministerio de Justicia, los recursos humanos aumentarán en 950 puestos en esos tres años, repartidos entre los tribunales, la administración y la protección de la juventud.
La Policía del Aire y de Fronteras (PAF) se encargará de la puesta en marcha de la plataforma de datos de los viajeros aéreos. Las unidades de lucha contra el "ciberyihadismo" también contarán con medios suplementarios.
El Ministerio del Interior, que contará con 270 millones de dólares suplementarios en tres años, dedicará una parte de ese dinero a equipar a las fuerzas del orden con chalecos antibalas, incluidos los agentes municipales.
En línea con lo anunciado la semana pasada ante la Asamblea Nacional, Valls se se refirió a la creación de un fichero informático, bajo control del Poder Juducial, en el que quedará inscripta "toda persona condenada o perseguida por delitos de terrorismo".
Estas personas deberán informar sobre su dirección con cierta regularidad y declarar todo viaje en el extranjero.
Mientras los ministros aprobaban estas nuevas medidas, la fiscalía anunciaba la imputación de cuatro jóvenes de entre 22 y 28 años vinculados con Amedy Coulibaly, autor del ataque al supermercado kosher en Vincennes del 9 de enero y del asesinato de una policía la víspera, por "asociación de malhechores".
Tres de ellos están acusados de haber comprado parte del material utilizado por Coulibaly en la toma de rehenes (chalecos con bolsillos para las municiones, cuchillos, un arma de electrochoques y bombas lacrimógenas).
El material, adquirido a finales de diciembre pasado, fue guardado en la casa de uno de los imputados hasta el 1 de enero, fecha en la que Coulibaly lo recuperó.
Los cuatro no fueron imputados por "complicidad" porque la justicia no dispone de elementos suficientes que apunten a que los cuatro sospechosos supieran que este material estaba destinado a perpetrar una acción terrorista.