Si el llamamiento de Morales es atendido, Bolivia no solo entrará en una espiral de violencia incontenible e incontrolable sino que también se desintegrará como país en muy poco tiempo.
Ante semejante irresponsabilidad (que es más grave aún porque el presidente depuesto ha abusado una vez más de su refugio en la República Argentina para cometerla), hay que ser muy ingenuos o muy superficiales para no pensar inmediatamente que una invitación tan peligrosa al suicidio colectivo no va a tener consecuencias desastrosas para la Provincia de Salta, para su gobernabilidad y para su propia existencia como territorio políticamente organizado bajo una Constitución democrática.
El movimiento indígena originario campesino, orgánicamente, ha tenido su seguridad. En algunas regiones se llamó guardia comunal; en otros tiempos: milicias. Ahora, policía sindical o seguridad sindical.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 12, 2020
Todo en el marco de nuestros usos y costumbres, y respetando la Constitución
Salta, al igual que Bolivia, necesita de paz y de estabilidad para construir su futuro, así como de un gobierno que pueda mandar, sin fisuras ni intermitencias, sobre su territorio y su población. A los bolivianos corresponde elegir su forma de gobierno. Los salteños, hace tiempo, nos hemos decantado por la democracia. No es de recibo que un político extranjero, echando mano de argumentos étnicos (como en los tiempos del IIIº Reich), utilice el territorio nacional para lanzar proclamas disgregadoras que nos pueden afectar a los argentinos tanto como a los bolivianos.
En un sistema democrático no caben ni ‘milicias populares’ ni ‘guardias comunales’ como las que propone Evo Morales. El Estado monopoliza rigurosamente la fuerza legítima, sin intermediarios, sin peligrosas delegaciones.
El artículo 15 de la Constitución de Salta, en virtud del cual el Estado provincial reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas del territorio, habla de su personalidad jurídica, del respeto a su identidad, del derecho a una educación bilingüe e intercultural, de la relación de estos pueblos con la propiedad de la tierra y del acceso a los recursos naturales, pero en ningún momento les reconoce su preexistencia política, de lo cual se deriva la automática invalidez de cualquier forma de organización política comunal ajena al marco constitucional.
Cuando Evo Morales menciona en su tuit al «movimiento indígena originario campesino» no se limita lógicamente a los indígenas bolivianos, y al utilizar el pretérito perfecto («ha tenido» y no el tiempo imperfecto «tuvieron») da a entender que «desde siempre» han existido guardias comunales, milicias populares o policía sindical. En el caso de Salta, por lo menos, si alguna vez existió alguno de estos cuerpos, la organización del país bajo una Constitución republicana los ha aniquilado de forma definitiva.
Vale la pena recordar que el artículo 22 de la Constitución Nacional declara con suficiente énfasis que «Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición».
Como ha dicho recientemente el Gobernador de Salta, «Salta es pobre», y es precisamente la debilidad que nace de la pobreza la que nos expone -más incluso que a los prósperos bolivianos- a la amenaza de la proliferación incontrolada de fuerzas paramilitares inventadas con la excusa de la autodefensa.