Parece que la novedad de la «fórmula política» ha eclipsado otros aspectos de la formación del gobierno, que mantienen muy preocupados a muchos españoles y sumidos en la incredulidad a otros tantos.
A estas alturas, ya no es noticia que el presidente Pedro Sánchez ha logrado lo que se proponía, de la mano de unos socios de muy dudoso pedigrí democrático. Hablo, en primer lugar, de los votos positivos de la coalición Unidas Podemos, liderada por el matrimonio Iglesias/Montero, así como de sus confluencias, y especialmente de las 18 abstenciones de los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu.
Para los que no estén muy puestos en la forma en que el Congreso elige a los presidentes del gobierno, se ha de aclarar que en la segunda votación, para que se produzca la investidura, es suficiente que el candidato propuesto obtenga más síes que noes, por lo que las abstenciones computan claramente como un voto positivo, aunque formalmente no lo sean.
Es decir, que dejando de lado los votos positivos del PNV (seis), los de Más País-Equo-Compromís (tres) y los de Teruel Existe, Nueva Canarias y Bloque Nacionalista Galego (uno cada uno), se puede decir que el nuevo gobierno español ve la luz gracias a la aportación -decisiva, al final de cuentas- de los independentistas catalanes y de los diputados vascos más próximos a la banda terrorista ETA. La situación es, pues, inédita.
Se trata de una combinación que no asegura la gobernabilidad, puesto que ni ERC ni EH Bildu han expresado el más mínimo compromiso en tal sentido. La XIV Legislatura que comenzó formalmente el 3 de diciembre pasado, tras las elecciones del 10 de noviembre, no tiene asegurada, pues, su continuidad sin tropiezos.
Es la primera vez que España se encuentra en una situación política tan contradictoria, puesto que el programa con el que el presidente Sánchez ha conseguido la investidura es un programa que se podría calificar de izquierda socialdemócrata clásica, pues incluye medidas largamente reclamadas por los españoles más moderados como la derogación de la nefasta LOMCE (la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, conocida también como «ley Wert»); la derogación (aún no se sabe si total o parcial) de la reforma laboral de febrero de 2012, acometida por el gobierno de Mariano Rajoy, que rebajó la indemnización por despido e instauró la primacía del convenio colectivo de empresa por sobre el sectorial; la Ley de Seguridad Ciudadana de julio de 2015, conocida también como «ley mordaza»; la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma de las pensiones (fin de la revalorización del 0,25% y del factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida); la subida del IRPF para contribuyentes con rentas superiores a los 130.000 euros y un tipo mínimo en el impuesto de sociedades para las grandes empresas, y la implantación de las tasas Google y Tobin para gravar los beneficios de los gigantes tecnológicos y las transacciones financieras.
Pero ni Unidas Podemos ni Esquerra Republicana de Catalunya persiguen objetivos como estos. Los primeros mantienen lazos cada vez más difíciles de explicar con dictaduras (y dictadores) en países de América Latina, y desde hace tiempo les une una relación de mutua simpatía (inexplicable para la tradición de la izquierda española) con el peronismo kirchnerista de la Argentina, con el que incluso se presta recursos humanos. El incidente diplomático en las calles de La Paz, en donde pretendieron ejercer de policías globales unos GEOS españoles (armados y camuflados fuera de la sede de su legación), parece indicar que al gobierno español -ahora integrado por Podemos- le interesa sacar urgentemente de Bolivia a algún colaborador de Evo Morales que supuestamente se halla en posesión de información incómoda sobre las finanzas ocultas del gobierno boliviano y sus actividades de cooperación económica con altos puntos de Unidas Podemos.
Mientras tanto, a Esquerra Republicana de Catalunya no le importan ni las pensiones, ni el salario mínimo ni la ley de educación, ya que tiene la mira puesta en la independencia, a cualquier precio. Su objetivo más cercano -el que después de la votación de ayer tienen casi a mano- es que el gobierno de Sánchez les permita la celebración de un referéndum sobre la independencia en el que voten solamente los catalanes.
Con Podemos, absorto en el «asalto a los cielos» y ERC obsesionado con la independencia, probablemente no haya un gobierno moderado o socialdemócrata en España en los próximos cuatro años.
Lo peor de todo, quizá, es que esta deriva del nuevo gobierno español y la falta de adecuación de su programa de gobierno al perfil de sus socios, en vez de propiciar una reacción moderada de la derecha española y de las fuerzas liberales, lo que está haciendo es radicalizar aún más las posiciones de quienes no han conseguido la mayoría en las elecciones. El ascenso de la ultraderecha de VOX y la creciente radicalización del PP parecen así demostrarlo.
Después de la pausa navideña se abre en España un panorama complicado. Nunca antes una investidura se había conseguido por solo dos votos de diferencia. Las diferencias entre los bloques políticos nunca habían tenido la apariencia de ser tan amplias y distantes. Se atisba una Legislatura bronca, con debates ásperos y desagradables, como no se recuerda en la historia reciente de la democracia, y enormes problemas de gobernabilidad para un país que, después de más de cinco siglos de sólida unión, ahora amenaza con romperse.