El gobierno español ha reaccionado con inusitada rapidez a la declaración unilateral de independencia votada esta tarde por el parlamento catalán, en una sesión irregular signada por el abandono de sus escaños de la mayoría de los diputados contrarios a la independencia.
Tras la aprobación de esta declaración, en Senado español ha aprobado las medidas solicitadas por el gobierno, con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, e inmediatamente se produjo la publicación de la autorización del Senado en el Boletín Oficial del Estado.
El gobierno central no ha necesitado -como se preveía en un primer momento- convocar a un Consejo de Ministros extraordinario y ha resuelto la cuestión en su reunión ordinaria de los días viernes.
Tras la reunión, el presidente Mariano Rajoy ha comparecido ante la prensa para anunciar las medidas concretas adoptadas al amparo del artículo 155 de la Constitución española. La primera de ellas -el cese del presidente, del vicepresidente y de los consellers de la Generalitat- estaba prevista desde hace algunos días, pero la sorpresa estriba en la disolución del parlamento autonómico catalán y la convocatoria a elecciones en esta Comunidad Autónoma para el día 21 de diciembre próximo.
Estas dos últimas medidas no fueron previstas inicialmente, ya que la comunicación del Gobierno al Senado contemplaba originalmente la continuidad del parlamento (si bien con algunas de sus atribuciones recortadas) y el plazo de las elecciones estaba establecido en seis meses.
La decisión del gobierno español han sido inmediatamente apoyadas por los principales líderes europeos; entre ellos, el presidente del Consejo, Donald Tusk, y el presidente francés, Emmanuel Macron, que se encuentra de visita en la Guyana francesa.
El cese del presidente Carles Puigdemont se une a su cese de su condición de parlamentario, lo que abre un escenario complejo, debido a que la Fiscalía General del Estado ha anunciado la interposición de una querella criminal por un supuesto delito de rebelión, que está castigado con penas de hasta 30 años de prisión.
Rajoy ha anunciado también que el Gobierno promoverá un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional, a fin de privar de todo efecto jurídico a la declaración votada esta tarde por el Parlamento catalán.
Las medidas anunciadas por Rajoy incluyen el control directo y total de la policía autonómica catalana y el aparato de seguridad, la extinción de las embajadas y oficinas abiertas por Cataluña en países extranjeros, excepto la legación de Bruselas, y la extinción de instituciones creadas por el independentismo con fines instrumentales.
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