
Según Theresa May, el referéndum y los actuales poderes ministeriales suponen que los miembros del Parlamento no necesitan votar, pero los opositores sostienen que esto es inconstitucional. El gobierno de May ha anunciado que apelará la decisión y que confía en que una audiencia que podría celebrarse el mes próximo cambie las cosas.
Se espera para el lunes una declaración dirigida a los miembros del Parlamento, pero un portavoz oficial de la Primera Ministro ha dijo que el gobierno no tiene la intención de consentir el pronunciamiento judicial y que el calendario previsto para poner en marcha la salida de la Unión sigue su marcha.
El líder laborista Jeremy Corbyn ha urgido al gobierno a negociar con el Parlamento sin dilaciones, añadiendo que debe haber transparencia y rendición de cuentas al titular de la soberanía en los términos del Brexit.
El líder de la populista UKIP, Nigel Farage, ha dicho que teme que se consume una traición al 51,9% de los votantes que respaldaron la salida de la UE el pasado junio y se mostró preocupado ante la perspectiva de lo que llamó un «Brexit a medias».
Norman Smith, editor político asistente de la BBC ha dicho que si la decisión judicial no consigue ser modificada, podría haber retrasos de meses en el proceso debido a las complicaciones propias de la negociación parlamentaria.
Los analistas estiman que aunque la mayoría de los MP's han apoyado la permanencia del Reino Unido en la UE durante la campaña, muchos pueden haber cambiado de opinión a causa del resultado del referéndum.
Theresa May había ya anunciado con anterioridad la disposición de su gobierno de notificar formalmente a la Unión Europea la decisión de activar el artículo 50 a finales del próximo mes de marzo, pero la decisión judicial puede traer complicaciones.