
Si bien el líder derrotado, el euroescéptico Norbert Hofer, reconoció rápidamente la victoria de su oponente al cabo de la larga noche electoral, fue su propia formación política, el FPÖ, quien impugnó ante el constitucional el resultado de las elecciones.
La decisión supone una victoria inesperada del FPÖ y un duro revés a la imagen del Gobierno austriaco, responsable de controlar un proceso electoral, según informa esta mañana el diario El País.
El FPÖ impugnó a principios de junio el resultado, que lo dejó a solo 30.863 votos de ocupar la presidencia en la elección más reñida de la historia de Austria. La ultraderecha lanzó sospechas sobre el recuento del voto por correo, que fue determinante en el resultado, en numerosos distritos electorales. Buena parte de las irregularidades denunciadas se refieren a la apertura de los sobres con las papeletas del voto por correo antes del plazo fijado legalmente, lo que ha sido motivo suficiente para que los magistrados del Tribunal Constitucional hayan dado la razón al FPÖ, que insinuó manipulaciones en 94 de las 117 circunscripciones electorales.
Tras una campaña en la que la ultraderecha azuzó los temores de muchos austriacos ante la crisis de los refugiados y la incertidumbre económica con promesas de cambio radical frente a un candidato verde que remarcaba el perfil protocolario de la presidencia y apostaba por las soluciones dentro de la Unión Europea, en la segunda vuelta de las presidenciales participaron 4,6 millones de austriacos. Repartieron sus votos casi a partes iguales entre Norbert Hofer, ingeniero aeronáutico y diputado de 45 años, y Alexander Van der Bellen, economista y exportavoz de Los Verdes, de 72. Este debía tomar posesión el 8 de julio y ahora se queda, al menos de momento, a las puertas del palacio imperial en el que tiene la sede la jefatura del Estado.
El ajustado resultado obligó a aplazar un día la proclamación del vencedor, ya que un 14% del censo votó por correo y las más de 700.000 papeletas reunidas resultaban determinantes para decantar la elección.
El FPÖ no solo ha conseguido con su exitosa impugnación una segunda oportunidad de situar a uno de los suyos a la cabeza del Estado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, sino que ve reforzada su estrategia de cuestionar el sistema y sus instituciones.
Por contra, la decisión judicial supone un duro golpe a la imagen del Gobierno de coalición (socialdemócratas y conservadores). Aunque no se han encontrado pruebas de fraude, a medida que se desvelaban irregularidades en el recuento, al ministro del Interior, Wolfgang Sobotka, no le quedó más remedio que reconocer que “estas chapuzas no pueden ocurrir en una democracia desarrollada”.
Los magistrados han escuchado a lo largo de cinco días a casi 90 testigos de los colegios electorales denunciados, de cuyo relato no se deduce una manipulación del voto por correo, pero sí infinidad de incumplimientos administrativos de la normativa, con recuentos de funcionarios en ausencia de los responsables de las mesas, apertura de sobres antes de tiempo y actas firmadas sin revisión.
Unas “chapuzas” que ahora obligarán a los austriacos a volver a las urnas, probablemente en septiembre, y que dejan al país sin presidente hasta entonces. El actual, Heinz Fischer, dejará el cargo este mes como está previsto, y será sustituido provisionalmente por los tres vicepresidentes del Parlamento. Uno de ellos es el propio Hofer.
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