El presidente ejecutivo de Telefónica, César Alierta, ha anunciado su intención de abandonar el cargo que ocupa desde hace casi 16 años y ha propuesto como sucesor al empresario José María Álvarez-Pallete. La compañía española, matriz de Telefónica de Argentina, S.A. y propietaria en este país de las marcas Movistar, O2 y Vivo, ha anunciado hoy que su consejo de administración estudiará en su próxima reunión, que se celebrará el próximo día 8 de abril el nombramiento de Álvarez-Pallete como nuevo presidente ejecutivo de la compañía.
Según declaraciones del presidente saliente, la elección de Álvarez Pallete se debe a que, a juicio de Alierta, se trata del directivo «más preparado para afrontar con éxito los retos que impone la revolución digital».
Alierta seguirá formando parte del Consejo de Administración de Telefónica, cargo que ocupa desde cuatro años antes de acceder a la presidencia, y centrará también sus aportaciones en temas sociales y de progreso, como es la Educación Digital y la presidencia ejecutiva de Fundación Telefónica.
Alvarez-Pallete nació en Madrid en 1963 y es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Libre de Bruselas. En 2012 fue designado por Alierta consejero delegado de Telefónica, empresa a la que se había incorporado en 1999 como director general de Finanzas.
En 2002 fue designado presidente de Telefónica Internacional y luego presidente de Telefónica Latinoamérica, cargo que ocupó hasta su nombramiento como presidente ejecutivo de Telefónica Europa en 2011. Un año después Álvarez-Pallete, miembro del consejo de administración desde julio de 2006, accedió al cargo de consejero delegado.
«Con estas credenciales y tras asumir a nivel global el día a día de las operaciones desde su posición como consejero delegado de la compañía, Alierta ha considerado a Alvarez-Pallete como el directivo mejor preparado para favorecer el relevo y posicionar una vez más a Telefónica en la vanguardia, esta vez del sector digital», se afirma desde Telefónica.
Fuente: El Economista