El nombramiento del expresidente del Brasil, Lula da Silva, como Ministro de la Casa Civil del Brasil, ha sido interpretada en casi todo el mundo como un intento del gobierno de bloquear la actuación de la justicia en relación con la investigación por corrupción en el caso Petrobras. Hace menos de una semana se conocía la noticia de que los fiscales de São Paulo habían solicitado al juez la prisión preventiva para Lula, pero tras el nombramiento, el expresidente brasileño solo podría ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal, según disponen las leyes.
La presidenta Dilma Rousseff, en cambio, ha justificado la designación de Lula en las dificultades que atraviesa el país. «Se trata de una decisión exclusivamente política», ha dicho la presidenta en respuesta a las miles de personas que se manifestaron el miércoles enfrente del Palacio del Planalto, en Brasilia, y en la Avenida Paulista, centro neurálgico de São Paulo.
En medio del escándalo, se conoció el contenido filtrado de una conversación telefónica entre Rousseff y Lula acerca del envío del documento en que consta la designación (equivalente a la de primer ministro) y con el que supuestamente Lula podría resistir a la detención ordenada por los jueces.
La revelación de la conversación ha caído como una bomba en el gobierno. Según el diario El País, la filtración de la llamada constituye una dura ofensiva de los investigadores de la Operación Lava Jato -y especialmente del juez Sergio Moro, erigido en símbolo de la lucha anticorrupción- contra el Gobierno.
Se trata -agrega el matutino español- de una señal de que la guerra política en Brasil se recrudece. El abogado de Lula ha acusado a los investigadores de provocar una "convulsión social".
Las revelaciones han sacado a la calle a movimientos de oposición y ciudadanos antiRousseff el miércoles. Estas concentraciones, que fueron creciendo durante toda la tarde y hasta la noche, se pruducen solo tres días después de las mayores protestas de la democracia, que apoyaron la investigación anticorrupción del juez Moro, pidieron la salida del poder de la presidenta Rousseff y la prisión del histórico expresidente, Lula da Silva.
Fuente: El País