Este fin de semana, en Brisbane, Australia, tiene lugar la cita anual del Grupo de los 20 (G-20), constituido a fines de la década del 90, la posición más importante que conserva el país en el escenario global. La señora de Kirchner, conminada al reposo por sus médicos después de una semana de internación, no puede estar presente; la delegación argentina es encabezada por los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores. Además de Héctor Timerman y Axel Kicilof participan de la cumbre, entre otros, Barack Obama, el presidente chino, Xi Jinping, la canciller alemana, Angela Merkel y el premier británico, David Cameron. Para llegar sin demoras a la ciudad australiana, los dos ministros abordaron un jet privado registrado en Suiza, cuyo alquiler requirió al erario una cifra que ronda los 600.000 dólares. Los funcionarios no viajan al exterior en aviones oficiales por miedo a que los holdouts los embarguen, como ocurrió hace un tiempo con la Fragata Libertad. Tampoco se trasladan en aviones de línea, no se sabe si por cuestiones de principio o para no parecerse a los funcionarios públicos uruguayos. Asumiendo esas restricciones, queda aún en duda por qué, para abordar el jet suizo, tuvieron que volar a Río Gallegos, sobre todo si se toma en cuenta que no hicieron el viaje a Brisbane por la ruta transpolar. ¿El alquiler pagado no cubría la posibilidad de que los ministros se subieran al jet suizo en la base oficial del Aeroparque Metropolitano? Quizás, más bien, los funcionarios se tomaron el trabajo de volar a Santa Cruz con la expectativa de que no trascendieran los detalles de su viaje y el precio sufragado, para no dar argumentos a los envidiosos o a los contreras. Pero esta es una era en la que los secretos no sobreviven mucho.
Si hubiera viajado ella, la Presidente tenía planificada una intervención fuerte, destinada a instalar en la agenda de los líderes el tema de la reestructuración de deudas soberanas y la amenaza de los “fondos buitre”.
Nadie impide que la representación argentina hable de lo que desee, pero esos asuntos, en rigor, no están en el temario, largamente trabajado por los países y las instituciones intervinientes. Los asuntos que monopolizan esta cumbre, establecidos a principio de año en Sydney, son: la formulación de un programa de acción destinado a incrementar el crecimiento global en –al menos- un 2 por ciento y una aumento paralelo de los puestos de trabajo en el mundo. Durante los diez primeros meses de 2014, países del G 20 elevaron a la organización más de 1.000 iniciativas sobre estos puntos, que pasaron por el examen del Fondo Monetario Internacional y la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico).
Kicillof y Timerman no pueden, obvio, saltearse el tema que quería tratar su jefa pero, como le hubiera ocurrido a ella misma, no están en condiciones de modificar una agenda largamente consensuada que, ya lo adelantaron los anfitriones, ni siquiera avanzará en el siempre acuciante tema del calentamiento global más allá de saludar el acuerdo sobre esa problemática que acaban de alcanzar en Beijing Estados Unidos y China. En la lista de prioridades, si es que decidieran (y pudieran ampliar un poco la exigente agenda), los líderes tienen la crisis del ébola, el desafío del terrorismo yihadista y la guerra civil latente en Ucrania.
Kicillof se explayó en la primera jornada sobre la necesidad de hacer funcionar "un instrumento internacional legal" que permita a los países con problemas de deuda contar con un marco jurídico destinado a resolver el accionar de los "sectores más especulativos, de los fondos buitre". Quedó registrado y la reunión volvió a su cauce.
El canciller y el ministro de Economía sintieron, sin duda, el frío que en esa cumbre rodea a la Argentina, que en los últimos años se encerró en un aislamiento sólo comparable al que experimentó durante la Guerra de Malvinas. En un escenario internacional que viene ofreciendo a los países emergentes oportunidades inmejorables y que, como nunca en las últimas décadas, ha favorecido las posibilidades de desenvolvimiento económico del país, éste ha carecido virtualmente de política exterior, en esta materia ha supeditado sistemáticamente las decisiones a las necesidades de la política doméstica.
La Argentina ha perdido significación. En términos económicos, el dato más clamoroso de ese retroceso es el descenso del flujo de la inversión extranjera directa. En la década del 90, la Argentina ocupó el tercer lugar en este rubro en América Latina. En la actualidad se encuentra en el sexto puesto, detrás de Chile - un país mucho más pequeño en superficie, población y producto bruto interno-, de Colombia -que sobrelleva más de medio siglo de guerra civil- y también de Perú.
El aislamiento de la Argentina es cada vez más grave. Incluso su participación en el G 20 se ha visto cuestionada por el incumplimiento oficial al acuerdo de facilitar la supervisión de su economía al Fondo Monetario Internacional.
La cita de Brisbane no será demasiado significativa para la Argentina, salvo en un punto: la conducta de los ministros que hablan allí en nombre de la Presidente es escrutada para adivinar si Argentina va a cumplir o no, finalmente, con los holdouts después del fin de año y del vencimiento de la cláusula RUFO. Todo lo que respalde la impresión de que habrá arreglo y de que, tras ese paso, el país podrá volver a los mercados financieros (donde hoy es un paria), ayudará a hacer más llevadera la transición y a suavizar un poco la estanflación que el modelo K dejará como herencia.