Evidentemente, Sáenz no puede proporcionar tal garantía, ni a los abogados ni a los ciudadanos. Simplemente, porque la reforma de la Constitución escapa a lo que pueda llegar a hacer como Gobernador.
Eventualmente, el Gobernador de la Provincia puede promover la reforma enviando a la Legislatura un proyecto de ley que declare su necesidad. Pero tan claro y conocido como esto es el hecho de que la reforma no depende de la voluntad del gobierno, sino de lo que decidan los representantes del conjunto de ciudadanos, reunidos en la convención especial prevista en el artículo 184 de nuestra Constitución.
Es más que probable que Sáenz, que es abogado y para quien las cuestiones constitucionales no constituyen un misterio o una ciencia oculta, se haya expresado ante los abogados en otros términos; pero el dejar expresado en una comunicación pública que él «garantiza» un resultado político que está fuera del alcance de sus poderes comporta un riesgo triple.
En primer lugar, porque transmite la idea de que la legalidad, tanto constitucional como ordinaria, es un «recurso del gobierno», cuando en realidad es un recurso que tienen los ciudadanos para sujetar, racionalizar y controlar precisamente la acción del gobierno y de los hombres que lo ejercen. Lamentablemente, en Salta se cree, al revés, que la constitución y la ley son instrumentos del gobierno para sujetar y controlar la vida de los ciudadanos. Por tanto, esta idea del «Gobernador garante» es un flaco favor a la cabal comprensión de nuestros mecanismos democráticos.
En segundo lugar, porque da a entender que la Constitución es una especie de trofeo -o, peor aún, de juguete- en manos de quien ejerce transitoriamente el poder político. Al contrario, la Constitución es un instrumento delicado, a cuya elaboración o reforma, no solo están llamados los políticos y sus partidos, sino todos los ciudadanos a los que la Constitución concierne.
En tercer lugar, porque la idea de una reforma «garantizada» es básicamente negadora de un debate previo, amplio, plural y participativo. El equivocado mensaje del candidato suena más bien a «déjenme esto a mí que yo me ocupo y en dos tardes tenemos una Constitución nueva», o peor todavía, a «dalo por hecho, hijito». Por estas razones, el mensaje no puede más peligroso.
La parte positiva del asunto -lamentablemente oculta detrás de la desafortunada palabra «garantiza»- es que uno de los hombres con más probabilidades de ser el próximo Gobernador de Salta alienta la posibilidad de que, mediante una reforma constitucional, se pongan límites razonables a la repetición de los mandatos, tanto del propio Gobernador como de los intendentes municipales. Esta es una idea sin dudas importante, no solo porque una limitación de tal naturaleza es necesaria en Salta desde hace bastante tiempo sino porque representa la confirmación de la coherencia de una línea de pensamiento. Desde hace tiempo y con argumentos parecidos, Sáenz ha venido defendiendo esta imprescindible limitación.
Pero a las Constituciones las hacen y las modifican los pueblos. Y el pueblo de Salta (que no solo está para implorarle al Señor del Milagro que de él no aparte su amor) no debe ser la excepción.
Seguramente no está en el ánimo de Sáenz convertirse en un Gobernador que todo lo puede, en un supremo hacedor, en un garante de objetivos imposibles, sino más bien en un animador en aquellos terrenos en donde sus competencias se agotan. En política no hay «garantías» (al menos, no de este tipo) y en cuestiones concretas como la reforma constitucional siempre es mejor dejar de lado las seguridades, porque el voluntarismo no es suficiente para encarar un trabajo de semejante enjundia, y porque la política de hechos consumados representa la muerte de la deliberación democrática.
Bien haría el candidato Sáenz en matizar sus palabras (si es que alguna vez las pronunció) y decir que se limitará, en la órbita estricta de sus futuras facultades, a proponer la necesidad de la reforma, para que sean los salteños los que en definitiva decidan sobre ella.