Cabe recordar que, a poco de asumir el nuevo gobierno provincial, el Consejo del Partido Justicialista que había designado Urtubey, le ofreció en bandeja de plata al flamante gobernador la conducción del PJ. Así fue como se designó al poderoso Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del gobierno, el Cr. Pablo Outes, al frente de la Comisión de Acción Política del partido. Esta Comisión creada a instancias de Urtubey, acumula todas las potestades que históricamente la Carta Orgánica atribuía al Consejo del Partido. Pablo Outes sumó a la CAP un conjunto de dirigentes no sólo del PJ, sino importantes referentes de La Cámpora y del Frente de Todos.
Sumamos a ello el claro mensaje que, en su reciente visita a Salta dejó el Ministro del Interior Wado de Pedro, al afirmar ante la dirigencia local que el Partido Justicialista es el Frente de Todos.
Ante este panorama, pareciera que la inclinación del gobernador Sáenz a conducir coaliciones ambidiestras está desembocando en un grave retroceso democrático, al perfilarse como el conductor de algo parecido al Partido Unico.
El unipartidismo es el sistema político en el que un solo partido puede quedarse con todas las bancas en juego. La separación de las elecciones provinciales de las nacionales parece orientada a tratar de justificar que el Partido Justicialista que es el Frente de Todos como lo afirmó el Ministro del Interior, en Salta comparta una alianza con su adversario nacional el PRO que es Juntos por el Cambio. Una forma de quedarse con todos los cargos electivos.
¿Cómo pudimos llegar en Salta a semejante confusión, a semejante derrumbe de los partidos políticos? La desaparición de los partidos políticos como mediadores entre la sociedad y el Estado fue la estrategia llevada adelante por Urtubey durante sus 12 años de mandato.
La suspensión de las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) impulsada por Sáenz para la selección de candidatos, ha otorgado a quienes manejan los sellos partidarios, una total discrecionalidad en la selección de las personas que competirán por los cargos electivos.
La reforma parcial y minimalista de la Constitución que plantea el gobernador parece orientada a consolidar el debilitamiento de los cargos de representación parlamentaria. Si bien existe consenso en limitar los mandatos de los cargos ejecutivos de gobernador y vice y de intendentes, no se ha debatido ni existe consenso en cuanto a la limitación de los mandatos de legisladores, que son justamente los representantes de la sociedad y que debieran surgir de procesos democráticos de selección.
En cambio, entre los temas habilitados para la reforma, curiosamente se ha omitido la posibilidad de introducir la obligatoriedad de rotación de autoridades tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, en la Corte de Justicia, en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento.
Este maquillaje de reforma, superficial para que en realidad nada cambie, en vez de fortalecer la política facilitará a los poderes económicos y financieros devorar a los poderes políticos. Cambiarán los nombres de los electos, pero no cambiará el poder detrás de esos nombres. Se profundizarán las causas del aumento de la pobreza y de la desigualdad y se agravará la falta de cohesión social.
El Profesor Ferrajoli sostiene que una forma concreta para evitar la corrupción y los conflictos de interés es la separación por una parte, de los poderes públicos o institucionales de los partidos políticos, y, por la otra parte, la separación entre poderes públicos y poderes privados económicos y financieros. El camino para esa doble separación es devolver a los partidos políticos su papel de mediación representativa entre las instituciones públicas electivas y el electorado activo. Así se lograría evitar las auto-candidaturas de los dirigentes partidarios, así como las diversas formas de cooptación de candidatos sobre la base de su fidelidad a quienes, en la práctica los designan.
La experiencia ha demostrado que cuando los poderes públicos caen en las manos de quienes detentan los poderes económicos y/o financieros, el conflicto de intereses se resuelve, inevitablemente, con la primacía de los intereses particulares de quien está de los dos lados del mostrador. Al decir de Ferrajoli, cuando no hay separación, los poderes económicos devoran a los políticos, y los poderes políticos devoran a los poderes sociales. Así, ya no es la política la que gobierna la economía, sino que son los poderes económicos y financieros los que le dictan las políticas a los poderes de gobierno, siempre en beneficio exclusivo de los intereses particulares de esos poderosos sectores. Hace tiempo que en Salta observamos de qué modo los conflictos de interés y las muchas formas de corrupción contaminan las instituciones democráticas.
La reducción de la pobreza, el desarrollo con inclusión social, la eliminación de las discriminaciones y la reducción de las desigualdades no se lograrán eliminando el debate y el disenso, y mucho menos con el retroceso democrático que significa el giro hacia un sistema de partido único. El desafío hacia el futuro es rescatar a la política como cuidado por los intereses vitales de todos, es lo que debiera ser el objetivo de una reforma constitucional.
(*) Iruya.com publica esta columna con la autorización de su autora, a quien agradecemos su generosidad. Sonia Margarita Escudero es Senadora de la Nación (MC) y fue Secretaria General de la Gobernación de Salta. Originalmente sus escritos son publicados en la web ariesonline.com.ar, de la emisora FM Aries de la ciudad de Salta.