
Según la información oficial, el procedimiento se llevó a cabo en diez hospedajes, habiéndose comprobado irregularidades en siete de ellos.
Señala el gobierno que la mayoría de los establecimientos inspeccionados no estaban homologados e inscritos en el Registro Turístico Provincial, una falta tipificada y sancionada por el artículo 69 apartado primero, inciso a) del Decreto 1125/80 que regula esta actividad.
Del tenor literal de la comunicación del gobierno se desprende que los establecimientos infractores fueron objeto de una clausura preventiva, pues se afirma en aquélla que los inspectores «instruyeron de forma detallada a los titulares sobre los pasos a seguir para volver a prestar los servicios hoteleros».
Además de los controles sobre la debida inscripción de los establecimientos, los agentes inspectores comprobaron también el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, de las relativas a los derechos de los trabajadores y de las cotizaciones a la Seguridad Social.
El operativo de control estuvo a cargo de la señora Cecilia Ruiz por el Ministerio de Turismo, del señor Diego Leyría por el Ministerio de Trabajo y del señor Mario Mendoza por la Dirección General de Rentas.