Una de las grandes preguntas que se deben hacer los argentinos (los salteños, en particular) en estos momentos es: “¿Se debe pagar una renta mínima incluso a las personas que tienen ingresos suficientes?”
La respuesta a esta pregunta es sí. Sencillamente porque pagar una renta a todos los ciudadanos, sin exclusiones (es decir, una renta que sea auténticamente «universal») es más barato que pagar la factura de todo el sistema burocrático instaurado para prevenir el fraude, cuando las prestaciones se pagan solo a las personas de bajos ingresos.
Si el sistema fiscal funciona adecuadamente (esta es una condición fundamental para que la RBI funcione), aquellas personas que, teniendo ingresos suficientes, o incluso siendo ricas, perciban la renta que perciben todos, terminarán devolviendo su importe (o parte de él) a través de los impuestos. Las personas con menos ingresos, por el contrario, no tendrán que pagar impuestos sobre su renta.
La RBI es costosa, sí. Incluso se podría decir que muy costosa. Tampoco es un remedio mágico para el grave problema de la pobreza.
Sin embargo, su implantación representa un cambio radical en la forma que tiene el Estado de lidiar con el asunto; es un salto cualitativo en materia moral y política que parte de un enfoque que combina una visión realista de los modernos mercados de trabajo (incapaces ya de proporcionar empleos para todos) y pone en crisis la estrategia de los gobiernos de captar recursos gravando las rentas que se obtienen a través del trabajo asalariado.
La implantación de la renta supone la unificación de todas las ayudas directas que los ciudadanos reciben en forma de subsidios o que son sustitutivas de sus rentas. Es decir, de la unificación quedan excluidas las prestaciones sanitarias, la educación, la vivienda pública y las pensiones. Todo lo demás -lo que en la Argentina se conocen como «planes»- son absorbidos por una única prestación, que se paga a todas las personas (sin otra discriminación posible que aquella que se justifica en la menor edad de los beneficiarios y, lógicamente, en la residencia previa de las personas en los lugares en que se implante) y en una cuantía suficiente para que tales personas puedan mantener su hogar y mantenerse ellas mismas.
Entre los efectos más beneficiosos de la RBI se cuenta la desaparición de la mediación política y del clientelismo. La universalidad de la renta reduce drásticamente los costes de gestión ya que vuelve el fraude casi imposible. Desaparece o se atenúa la humillación institucional, que supone el que los ciudadanos y ciudadanas tengan que peregrinar por las oficinas públicas, saltar de ventanilla en ventanilla para exponer su situación o mostrar su pobreza cara a cara ante sus posibles benefactores.
Los desarrollos teóricos sobre este tema -liderado por los economistas- son muy ricos en matices y en intensidad. Pero no es el momento adecuado para exponerlos.
Simplemente se ha de decir que si en vez del IFE, tuviéramos una RBI, ordenada y transparente, el escándalo de la percepción de la ayuda por concejales y políticos con cargos de responsabilidad habría sido imposible.
Todas las ayudas y subsidios que conocemos hoy en día tienen alguna forma de contraprestación o condiciones de disfrute que hacen que beneficien a una parte muy estrecha de la población. Son precisamente estas contraprestaciones y condiciones las que promueven la holgazanería y el desinterés. Es la compulsión estatal y no la libertad lo que empuja a las personas a la inactividad.
Al contrario, cuando la renta percibida es absolutamente incondicional, las personas se ven desafiadas a mejorar su condición mediante la obtención de otras rentas en el mercado de trabajo formal o en los circuitos informales de la economía. El solo hecho de no perder la renta de base por encontrar un trabajo en el mercado hace que los trabajadores puedan rechazar los trabajos que no les interesan, los que están insuficientemente remunerados o aquellos que nadie quiere hacer. Sin la RBI las personas más necesitadas están prácticamente condenadas a ejercer los trabajos más infames de la sociedad, a cambio de una remuneración muchas veces miserable.
El diseño teórico de la RBI seduce a muchos pero también espanta a otros. Generalmente a los que oponen obstáculos al progreso de una idea libertaria como esta les conviene que las desigualdades pervivan y no que desaparezcan, desconfían de lo que sus semejantes puedan llegar a hacer con su libertad, temen que la recuperación de la dignidad de las personas termine alterando los equilibrios políticos que a ellos les favorecen y creen que el trato cara a cara con el pobre y el asistencialismo personalizado son formas de control social que se deben de pulir y perfeccionar para que el sistema siga funcionando.
La RBI tiene partidarios tanto de izquierda como derecha. No es muy frecuente que algo así suceda con las instituciones, pero, cuando sucede, lo más prudente es abrir los ojos y el entendimiento, porque detrás de la idea hay algo que nos puede servir a todos y no solamente a unos pocos, como sucede ahora con muchas de las herramientas que inventamos para acabar con la pobreza.