El sorprendente juicio de Gustavo Sáenz coloca automáticamente en una injusta situación de sospecha y descrédito a casi cien mil agentes públicos que diariamente sirven al Estado a cambio de un sueldo.
No hay que olvidar que Sáenz es el jefe directo de los agentes denostados. Al cambio, es como si el jefe del Estado Mayor del Ejército se refiriera al conjunto de su tropa diciendo de ella que está conformada por «vagos y pajeros». El mensaje no sentaría bien a los soldados o, cuanto menos, no contribuiría a reforzar su moral.
Trabajo genuino
La expresión «trabajo genuino» se utiliza a menudo en la Argentina como sinónimo de la expresión «trabajo decente», un concepto que, a diferencia del primero, sí tiene una formulación académica bastante clara y reconocimiento mundial, en tanto ha sido acuñado por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas y luego reelaborado por la Organización Internacional del Trabajo.Sin embargo, con la expresión «trabajo genuino» solo se puede aludir a trabajos inauténticos (apócrifos) o a trabajos ilegítimos.
Si pensamos en consecuencia que la Administración pública salteña (incluida, por supuesto la planta de empleados judiciales, legislativos, fiscales y de los entes descentralizados) es solo un repositorio de carne humana, de productividad cero y con puestos de trabajo falsos o carentes de legitimidad, automáticamente también cae por la base la propia existencia del Estado y se destruye la legitimidad y seriedad de los elevados fines que la organización estatal persigue.
Una cosa es que la Administración salteña sea, desde el punto de vista estrictamente laboral, un ente sobredimensionado, altamente improductivo, burocratizado y clientelar y otra cosa es que los puestos de trabajo en la misma administración no sean genuinos, como ha dicho el Gobernador.
Es que si en realidad no lo fueran, por mor del principio de legalidad que preside todas y cada una de las actuaciones de los poderes del Estado, los empleos ilegítimos (no genuinos) deberían ser inmediatamente suprimidos. No hacerlo -es decir, mantener el empleo no genuino a sabiendas de su ilegitimidad- no solamente genera la responsabilidad (política y penal) de quien ha creado tales puestos sino también la de quien o de quienes los han mantenido y los están remunerando con dinero público.
La prueba cabal de que el gobernador Sáenz no conoce muy bien el significado del adjetivo «genuino» es el temerario juicio de que el poco empleo «genuino» que hay en Salta lo genera el sector privado, «a través del turismo, desde el agro, la producción, la industria y el comercio».
Pocas afirmaciones hay tan falsas o tan poco sustentadas en la realidad como esa.
Si tenemos en cuenta que, por definición, el empleo en el Estado -aunque ilegítimo y apócrifo- es un empleo regular y registrado, que cotiza normal y periódicamente a la seguridad social, la altísima tasa de informalidad laboral (trabajo en negro) que registra Salta, que es la más alta del país y que supera con holgura el 50% de la mano de obra empleada, lo que viene a decir precisamente es que el endiosado sector privado de la economía salteña es el que genera las peores condiciones de trabajo posibles (trabajo desprotegido, sin derechos laborales, con una flexibidad extrema y, lo que es peor, sin visibilidad ninguna).
Si la falta de genuinidad pone en entredicho la legitimidad de los empleos del sector público, la altísima evasión laboral en sectores de la economía como el turismo, el campo, la industria, el comercio o la construcción, cuestiona frontalmente la moralidad del empleo privado, puesto que tanto empresarios como trabajadores, al mantener su relación oculta y fuera de los radares de los organismos recaudadores, impiden a otros trabajadores y a otros empresarios de acceder a los mecanismos de solidaridad que se financian con los aportes y contribuciones al sistema.
Pero, en sus desmedidas alabanzas al sector privado, Sáenz no ha querido detenerse en el elogio a su cualidad de «genuino» y ha avanzado dos cuadras más diciendo, también, que el trabajo que generan las empresas privadas es Salta es «digno». No hay que ser un sabio de la hermenéutica para darse cuenta de que el mandatario ha dicho -quizá sin querer- que el trabajo que desarrollan todos los días las personas que están muy cerca del Gobernador en el Grand Bourg, además de apócrifo e ilegítimo, es un trabajo indigno; es decir, que no tiene mérito ni calidad o que, directamente, degrada humanamente a la persona que lo presta.
De acuerdo con el enfoque de Sáenz, aquel trabajador público que se levanta todos los días a las 6.30 de la mañana para ir en bicicleta hasta el ministerio, debería estar avergonzado más que orgulloso, pues no podrá nunca decir que realiza un trabajo digno, ya que la etiqueta está reservada para aquellos que en lugar de cobrar mediante un recibo de sueldo documentado lo hacen de espaldas a sistema, en una habitación oscura, y sin ningún remordimiento por transgredir la ley y negar la solidaridad con otros.
Negligencia
Del Estado, como ente impersonal, no se puede predicar la negligencia en abstracto. Cuando el aparato Estatal incurre en algún tipo de mala praxis, falta de diligencia o pericia, la responsabilidad principal es de los agentes a su servicio. La responsabilidad civil del Estado es generalmente subsidiaria; es decir, se ejecuta una vez depurada la responsabilidad del agente individual que ha provocado el daño. Recuérdese, por ejemplo, el famoso caso de los brigadistas de Defensa Civil que murieron abrasados en Guachipas.Desde el punto de vista estrictamente político, un Gobernador -jefe del Estado- no puede reconocer públicamente un hecho negligente, salir a criticarlo, y al mismo tiempo negarse a ejecutar las responsabilidades de quien ha cometido la falta. Sobre todo, cuando conoce la identidad precisa del autor del hecho dañino.
En caso de que alguien advirtiera una negligencia en el Estado, de la enorme gravedad que supone la falsificación de puestos de trabajo, no tuviera dudas sobre la conversión de la Administración en una «bolsa de trabajo», y no actuara en consecuencia, quien estaría cometiendo un delito grave es quien denuncia la negligencia sin exigir inmediatamente la responsabilidad del culpable de la debacle.
¿Quién sostiene a quién
El gobernador Sáenz también ha dicho del sector privado de la economía de Salta que «siempre fue el que le puso el hombro al sector público».Pero esta afirmación no ha sido acompañada de cifras que demuestren que las transferencias brutas de recursos de los agentes privados son cuantitativamente superiores a las que en sentido inverso efectúa el Estado a través de subsidios directos a la actividad privada; o indirectos, como el empleo «indigno» en el sector público, que es el que de verdad apuntala el consumo de una buena parte de las familias de Salta en establecimientos del sector privado.