La noticia oficial es que el gobernador Juan Manuel Urtubey ha «acompañado» a los representantes sindicales de los trabajadores del ingenio San Isidro a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el procedimiento preventivo de crisis abierto tras la decisión patronal de cerrar el ingenio.
La pregunta que surge inmediatamente es la siguiente: ¿Ha roto el gobierno de Salta el principio de neutralidad del Estado en las relaciones laborales poniéndose decididamente del lado de los trabajadores en el conflicto que les enfrenta con la empresa?
Si bien es cierto que, como sucede con las víctimas mortales de la actividad criminal en Salta, el «acompañamiento» del que alardea el gobierno es solo una máscara para disimular su ineficacia y una forma bastante poco ingeniosa de lavar la conciencia, no es lo mismo ponerse del lado de la víctima de un crimen que hacerlo del lado de un sindicato en un conflicto laboral. Cualquiera puede tomar partido en él, pero no el gobierno.
El procedimiento preventivo de crisis es un mecanismo de heterocomposición pública que requiere de determinadas garantías jurídicas entre las que se cuenta -quizá como la más importante- la neutralidad absoluta del Estado. Está claro que el gobierno de Urtubey -que no tiene competencias en el conflicto- no actúa como mediador en este caso, ya que esta tarea es desempeñada por la Administración federal, pero no por ello se puede dar el lujo de ignorar la legalidad que preside los procedimientos reglados de crisis.
El que un sindicato en conflicto acuda a una audiencia pública avalado, o «acompañado» de un Gobernador, de diputados y de senadores provinciales, es una forma bastante burda de expresar que el Estado ha tomado partido por uno de los dos antagonistas. El proceso de mediación queda destruido.
Hayan o no entrado Urtubey y sus acompañantes a la audiencia, para cualquiera -especialmente para la empresa- resulta inadmisible y hasta paradójico que un sindicato que acude a un acto de esta naturaleza en ejercicio de su autonomía lo haga en compañía de «padrinos» con influencia suficiente para torcer el resultado de la mediación pública.
habría que preguntarse si también no es contraproducente que los trabajadores que esperan ver satisfechos sus derechos acudan al Ministerio de Trabajo de la Nación en compañía de un Gobernador que hace solo unos días se despachó con duras descalificaciones hacia ministro.
El mismo Gobernador que cuantas veces ha podido se ha ufanado de no interferir en la actividad privativa de los otros poderes del Estado (especialmente del Poder Judicial) no ha vacilado en este caso en mostrarse al lado del sindicato, cuando su deber legal es el de mantener una prudente equidistancia.
El Gobernador puede hacer en este tema todas las gestiones que quiera y pueda, pero no aquellas que no deba; especialmente si con ellas lo que pretende es inclinar la balanza hacia uno de los contendientes. La mediación laboral pública es un proceso tan serio, desde el punto de vista de las garantías legales, como puede serlo un juicio ordinario.
Está más que claro que esta actitud de falso «acompañamiento» y su absurda difusión pública son la consecuencia de una tardía admisión de culpas por todo lo que el gobierno provincial debió haber hecho antes por los trabajadores del ingenio y no hizo. Por ejemplo, prever la crisis y arbitrar soluciones antes de que se produjeran consecuencias irreparables.
Urtubey pretende ahora mostrarse amigable, solícito y amable con los trabajadores, pero ya es tarde. Casi todo el mundo sabe en Salta -especialmente los obreros del ingenio San Isidro- que la situación que están viviendo se debe a la ignorancia y al desprecio con que durante años fueron tratados por el mismo hombre que hoy dice «acompañarlos» y parece haberse colocado al frente de sus reivindicaciones.
Lo que no se debe olvidar es que Urtubey es parte estructural del gobierno de Macri y que es este gobierno el que tiene que decidir cómo se resolverá el conflicto. Si la falta de neutralidad del Gobernador de Salta es inocente o no lo es será algo que deberán juzgar los trabajadores afectados y la empresa en crisis, que tampoco lo está pasando bien y que no merece de ninguna manera que el Gobernador de la Provincia, preocupado más por su imagen que por las familias que sufren, adopte actitudes tan parciales y dañinas como esta.
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