(TÉLAM) - Los ocupantes de la sede de la UTA salteña desalojaron por la tarde el edificio gremial que había sido tomado en horas de la mañana, en tanto las fuerzas de seguridad detuvieron a una decena de personas que habían participado de esa medida. Los protagonistas de la toma de rehenes que se registró en la delegación Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), depusieron de su actitud tras permanecer casi doce horas en el lugar, por un conflicto gremial que comenzó por la falta de acuerdo en la forma de conducción que ejerce el secretario general del gremio, Jorge Flores.
Cerca de las 20, las puertas de la sede de la UTA se abrieron y una treintena de personas salieron por sus propios medios para ser introducidas en dos móviles policiales tipo combis, que los trasladaron hacia la Alcaidía General de la ciudad de Salta.
La toma comenzó esta mañana, cuando un grupo de dirigentes ingresó al edificio solicitando la renuncia de Flores, quien se encontraba en el lugar junto a otros miembros de la comisión directiva del gremio, que quedaron imposibilitados de salir.
Luego, los manifestantes rociaron de combustible parte de la sede gremial y amenazaron con prender fuego en caso de un avance policial, debido a la intervención de personal de Infantería, Bomberos y del Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (Gopar).
En el interior quedaron, además de Flores, el secretario de Acción Social, Mario López; Miguel Rasguido, que es el secretario de Cultura y Deportes; y el secretario adjunto del gremio, Sixto Tactagi, además de empleados que se desempeñan en el lugar.
Apenas iniciada la toma del edificio, la UTA emitió un comunicado en el que denunciaba que un grupo de choferes y afiliados contrarios a la actual conducción de la UTA mantenía de rehenes a las autoridades del sindicato, y que el asesor legal estaba en ese momento radicando la denuncia penal correspondiente.
Además, indicaron que la violenta protesta estaba liderada por Tactagi, quien pretende la renuncia de Flores debido a un conflicto que derivó en la revocación por parte de la UTA nacional de la licencia gremial de Omar Pereyra, tras ser apartado de su cargo de secretario gremial por la comisión directiva.
Ante esta situación, la cúpula policial de Salta se presentó en el lugar, y el Fiscal Penal Nº 6 de la ciudad de Salta, Horacio Córdoba Mazunaric, tomó intervención en el caso y conformó un comité de crisis para tratar de destrabar la situación.
Durante la tarde, Flores y Tactagi fueron liberados y el segundo aclaró que no formaba parte de la toma de rehenes, como se lo habían adjudicado, pero que apoyaba a los protagonistas de los incidentes en los motivos que tenían en sus reclamos.
Durante toda la jornada se pudo ver a quienes encabezaban estos hechos salir por las ventanas del edificio, con una botella con combustible, solicitando la presencia de autoridades de la UTA a nivel nacional, que ya habían repudiado el accionar violento de este grupo de dirigentes.
En una de esas salidas por la ventana, arrojaron un escrito mediante el cual aseguraron que esperaban la llegada del Secretario del Interior, Jorge Kiener, para poder realizar una asamblea, al tiempo que aseguraron que, tal como lo aseguraron distintas "versiones periodísticas", en el lugar "nunca hubo rehenes ni secuestrados, como publicaron".
Más tarde, y en el marco de un fuerte operativo policial que incluyó el corte de varias cuadras a la vuelta del edificio de la UTA, ubicado en San Luis 555, de la capital salteña, personal de la firma Edesa procedió a cortar la luz de la sede sindical.
Unos momentos después, el Juez de Garantías Nº 2 de la ciudad de Salta, Ignacio Colombo, declaró la incompetencia de la justicia provincial en el caso, por pedido del fiscal interviniente, que entendió que la competencia jurisdiccional por el delito de secuestro extorsivo cometido por los protagonistas del hecho corresponde a los tribunales del orden federal.
Tras casi doce horas de tensión, los gremialistas se entregaron y la toma terminó de manera pacífica, mientras que el Juzgado Federal Nº 2 de Salta, a cargo de Miguel Antonio Medina, sería sobre el que recaería la causa, que aún no llegó a los tribunales federales, según aclararon fuentes fuentes judiciales.