La Comisión Europea ha confirmado ayer su intención de reformar el estatuto de los trabajadores desplazados en el marco de una prestación de servicios, a pesar de la viva oposición de los países de la Europa del Este. Acusado de favorecer el dumping social, la regulación actual del trabajo desplazado es objeto de fuertes críticas en el seno de las instituciones europeas. La comisaria de Empleo, señora Marianne Thyssen se ha declarado ayer «determinada» a encuadrar mejor este estatuto, aunque el gesto suponga plantear un tira y afloja con una parte de los países del Este, opuestos a tal cambio. Bruselas espera igualmente poner fin a las polémicas con la mejora de una regulación que es considera fuente de numerosos abusos. Sin embargo, algunos países, con Francia a la cabeza, pretenden ir aún más lejos.
¿En qué consiste el trabajo desplazado?
Encuadrado en la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996, el desplazamiento permite a una empresa europea enviar temporalmente a sus asalariados en misión a otros países de la UE, aplicándoles solo el «núcleo duro» de la regulación laboral del país de acogida (salario mínimo, condiciones de trabajo) sin dejar de pagar las cotizaciones sociales en el país de origen. De este modo, un carpintero polaco empleado en Francia debe ser remunerado, como mínimo, al nivel del Smic francés, pero las cotizaciones a cargo de la empresa están reguladas por Polonia, en donde son dos veces inferiores a las que rigen en Francia.¿Cuántos trabajadores desplazados hay?
El nombre de trabajadores desplazados a otro país de la UE no ha dejado de aumentar hasta alcanzar más de 1,9 millones en 2014, según las cifras de la Comisión Europea. En Francia eran oficialmente 286.000, pero estas cifras deben ser tomadas con cautela. En un informe parlamentario de 2013 dedicado a este tema, el senador Eric Bocquet, del Partido Comunista Francés, puso de manifiesto que muchos trabajadores no son declarados y que «la cifra de 300.000 trabajadores desplazados low-cost, al abrigo del derecho comunitario, parece creíble». Algo que ha confirmado el socialista Michel Sapin, para quien la cifra real está «más cerca de los 350.000» que de los 169.000 registrados oficialmente en 2012.La única certeza es que el número de estos trabajadores se ha multiplicado por diez en una década.
¿Por qué el trabajo desplazado genera polémica?
El desplazamiento es la consecuencia lógica de la movilidad profesional en el seno de la UE y es percibido como una herramienta que ayuda a suplir las carencias puntuales de mano de obra, pero es también fuente de tensiones. Para empezar, por su estructura: el trabajador desplazado proviene por lo general de un país menos rico y cuesta, por tanto, menos en cotizaciones. De allí las acusaciones de dumping social. Pero hay todavía cosas peores. A pesar de las ventajas que ofrece, el desplazamiento ha sido objeto de numerosos abusos de parte de ciertos empleadores: trabajo no declarado, salarios muy inferiores al mínimo interprofesional, exceso de la jornada de trabajo, alojamiento indigno, etc.Los países que atraen la mayor cantidad de trabajadores desplazados (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Austria) reclaman cada vez con mayor firmeza una evolución del dispositivo para reducir la brecha de costes laborales entre el Estado de origen y el Estado de desplazamiento. Pero los países que desplazan la mayor cantidad de trabajadores (Polonia, Rumania, Bulgaria, Portugal) no quieren oír hablar de eso.
¿Cuáles son las soluciones que se propone?
Frente al aumento de los populismos en todo el continente, la Comisión Europea ha aceptado reabrir el debate sobre los trabajadores desplazados. Esto último ha ocurrido a comienzos del pasado mes de marzo con el lanzamiento de una consulta para definir «un núcleo europeo de derechos sociales», con el fin de «garantizar la equidad de los mercados de trabajo y de los sistemas sociales en el seno de la zona euro».Dicho de otro modo, Europa quiere reducir la brecha de costes existentes entre un trabajador desplazado y su homólogo local.
Para alcanzar este objetivo, la UE desea que los trabajadores desplazados no solo se beneficien de la remuneración mínima del país de acogida sino de otras ventajas como las primas, los bonus, las indemnizaciones, etc. Los desplazamientos serían también limitados en su duración a dos años.
Francia, sin embargo, propugna que esta especie «igualación en lo alto» no se limite a las ventajas remunerativas sino también al nivel de las cotizaciones sociales. Es decir, que un trabajador desplazado cotice exactamente igual que un trabajador local, haciendo que el sistema sea menos atractivo para los empleadores. El problema en este punto es que no solo sería preciso reformar el estatuto del trabajador desplazado sino también el reglamento europeo de la Seguridad Social, y una reforma de este calado no podría llevarse a cabo en el corto plazo.
¿Qué dicen los países del Este?
Los países exportadores de trabajadores desplazados se resisten a estas reformas. Once países europeos, de los cuales diez son la Europa del Este, han enviado en mayo pasado una «tarjeta amarilla» a la Comisión, bloqueando así el proceso legislativo.Sin embargo, después de revisar el procedimiento, la Comisión Europea ha decidido seguir adelante con su reforma. La reacción no se ha hecho esperar. Uno de los portavoces del grupo de países opositores, el viceministro polaco de Asuntos Extranjeros ha dicho: «Si la Comisión no es capaz de percibir el peso político de la oposición expresada por once países miembros de la UE, ello significa que no ha aprendido nada de la experiencia del Brexit y que sigue empeñada en creer que ella sabe más que los demás qué hacer para regular mejor el mercado, lo cual no es un buen augurio».
El proyecto de Marianne Thyssen debe ahora recibir el aval del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de los 28 miembros de la UE encargado de los asuntos sociales y de empleo.
Fuente: Europe 1