En un comunicado de prensa fechado hoy en Buenos Aires, la organización ambientalista Greenpeace denuncia la complicidad del gobierno provincial de Salta en los desmontes de áreas vedadas a tal actividad por la Ley Nacional de Bosques. Greenpeace señala como responsables directos de estas prácticas a los empresarios Franco y Mauricio Macri, Alejandro Braun Peña, Pablo Clusellas (Macri Group, Socma, Chery Argentina, Pago Fácil), Aldo Navilli (Molino Cañuelas, Vitamina), Alejandro Roggio (Grupo Roggio, Metrovías, Cliba), João Pereira Coutinho (Volkswagen Portugal), Bruno Varela Marín (productor ganadero uruguayo), Martín Laplacette (director de la filial local del grupo brasileño André Maggi), Andrés von Buch (directivo de la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana) y Arnaldo Hasenclever (director de la filial local de Grant Thornton International), entre otros.
Según la organización ambientalista, todos estos empresarios son propietarios de fincas en la Provincia de Salta y, en tal calidad solicitaron al gobierno de Juan Manuel Urtubey que se los autorice a desmontar en áreas en donde la Ley Nacional de Bosques no lo permite.
En apoyo de su denuncia, Greenpeace cita la segunda parte de su informe titulado «Desmontes S.A. La responsabilidad empresaria y gubernamental en la violación de la Ley de Bosques en Salta», publicado recientemente en Buenos Aires.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace ha dicho: «Nos propusimos ponerle nombre y apellido a los responsables de la violación de la Ley de Bosques en Salta para ampliar la frontera agropecuaria, uno de los delitos ambientales más graves que sufre nuestro país. Los empresarios deben respetar la ley y el gobierno hacerla cumplir».
La organización ambientalista advirtió que las modificaciones a la zonificación de Ley de Bosques solicitadas al gobierno de Salta por los dueños de las fincas, con el objetivo de desmontar en áreas protegidas, ya superan las 125.000 hectáreas, el equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Estas recalificaciones también fueron cuestionadas esta semana por un informe de la Auditoría General de la Nación.
En dicho informe, la AGN expresa: «Algunos ordenamientos territoriales de bosques nativos no se ajustan a lo establecido en la ley nacional. Entre ellos se destaca el caso de Salta, donde se han realizado recategorizaciones que implican pasar de una categoría roja a amarilla o verde. Esta situación va en contra de lo especificado en el art. 9 del Decreto 91/09 y de los principios precautorio, preventivo y de sustentabilidad de la Ley General del Ambiente».
«El gobernador Juan Manuel Urtubey continúa con la política de deforestación de su antecesor Juan Carlos Romero. El desmonte de estas fincas tendrá un serio impacto ambiental y afectará a muchas comunidades campesinas e indígenas», advirtió Giardini.
Según Greenpeace, desde la sanción de la Ley de Bosques, en Salta se han deforestado más de 400.000 hectáreas, de las cuales 120.000 eran zonas protegidas. Greenpeace reclama finalmente a los empresarios y funcionarios responsables la inmediata cancelación de los permisos otorgados y el respeto estricto a la zonificación originalmente asignada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta.