Domínguez tramita desde hace años una acción de amparo ejercida por vecinos residentes en los barrios Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, Asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil y otros, cuyo objeto es la restauración del medio ambiente dañado y la prevención de futuros perjuicios en el entorno natural del río Arenales, que atraviesa la ciudad de Salta de Oeste a Este.
En el marco de este procedimiento, el juez del amparo ha condenado al gobierno provincial, a la Municipalidad de Salta y a la empresa estatal Cosaysa a que confeccionen, presenten y ejecuten un plan de manejo del río Arenales. Así también ha condenado a la compañía mercantil Néstor A. Marozzi S.A. a retirar los metros necesarios de avance de su propiedad, para que los límites del inmueble catastro 88.825 coincidan con los estribos del puente sobre la avenida Tavella y, de corresponder, oportunamente retire la franja de terreno que eventualmente surja luego de fijada la línea de ribera.
Requerido por la prensa durante su visita de inspección al lugar para que explicara el grado de cumplimiento de la sentencia por parte de los sujetos obligados, el juez Domínguez aclaró que el proceso que tramita es de naturaleza colectiva y que, por tanto, la actuación judicial es dinámica y por lo tanto el cumplimiento de las resoluciones judiciales presenta algunas particularidades. «Aquí hay que ver una serie de incidencias y tener en cuenta las posturas de las diferentes partes involucradas. Se han dictado una serie de medidas y de lo que trata es de procurar que se vayan cumpliendo en los tiempos que se han establecido», ha dicho el juez.
Domínguez ha confirmado la fijación de la línea de ribera, pero también ha pedido políticas de saneamiento para el río Arenales, así como también en políticas para prevenir la urbanización informal y descontrolada, ya que -según el juez- el vertido de líquidos cloacales sin tratar, que es consecuencia del crecimiento urbanístico, propicia una notoria pérdida de calidad del agua que lleva el río y una degradación de la calidad de vida de los residentes ribereños.
El juez también ha advertido que “la solución nunca será definitiva si la ciudadanía no toma conciencia de que hay cosas que no se pueden hacer”.
En otro pasaje de su exposición ante los medios, Domínguez ha confirmado que la empresa Marozzi S.A. ha cumplido con lo ordenado en la sentencia, según consta en autos en virtud de certificación de la autoridad medioambiental competente.
Por su parte, el abogado de los demandantes, el señor Pedro Arancibia, ha valorado la presencia del juez en el lugar, porque -dice- «hacía falta para que se sepa cuáles son las obras que los gobiernos, tanto el provincial como el municipal, no están llevando a cabo».
Arancibia ha cargado particularmente contra la empresa Cosaysa (Aguas del Norte) a la que acusa de falta de voluntad para proceder al saneamiento del río.