El problema de calidad del aire que se respira en las ciudades constituye una de las principales preocupaciones en los países de la Unión Europea. Ello es así por cuanto la mayoría de los habitantes de las ciudades europeas están expuestos hoy a aire de mala calidad.
Los cálculos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), publicados hace hoy exactamente un año, demuestran que las partículas finas siguen siendo responsables de la muerte prematura de más de 400.000 europeos cada año. Según los datos de la AEMA, los mayores emisores de contaminantes atmosféricos en Europa son el tráfico rodado, la agricultura, las centrales eléctricas, la industria y los hogares.
Esta preocupación ha llevado a las ciudades a medir continuamente la calidad del aire y a informar a los habitantes sobre el aire que respiran, en la convicción de que la información pública sobre materias ambientales ha cobrado una importancia decisiva en la gestión cotidiana de la vida de las urbes. Además, conforme a la Directiva de Marco de la Unión Europea sobre la calidad del aire y la Convención de Aarhus, informar a la población sobre esta materia constituye una obligación legal.
En contraste con lo anterior, en Salta no hay información pública en tiempo real sobre la calidad del aire y sobre la presencia de contaminantes atmosféricos peligrosos. Las preocupaciones del gobierno provincial en materia medioambiental -si es que las tiene- están enfocadas en otros asuntos, pero no en el de la calidad del aire.
Lo demuestra el hecho de que Salta no ha adoptado ninguna medida para desalentar el uso cotidiano del vehículo privado en las ciudades (como no sean los controles del pago de los impuestos municipales) y la insólita medida de prohibir que las unidades del transporte público accedan al centro de la ciudad y puedan en cambio hacerlo los vehículos privados. Es decir, exactamente lo contrario a lo que están haciendo las urbes más importantes del mundo.
En la ciudad de Salta circulan cada vez más coches, y no solo ha aumentado la cantidad de vehículos sino que ha empeorado la forma en que circulan. El crecimiento del parque automotor -que no renovación, porque los vehículos antiguos y más contaminantes siguen circulando- se combina con la inexistencia de vías adecuadas, lo que hace que los vehículos circulen a menor velocidad, con paradas e interrupciones frecuentes de la marcha, aumentado las emisiones de gases.
En la práctica totalidad de las ciudades importantes del mundo, se ha reforzado el transporte público y se ha mejorado la compatibilidad medioambiental del servicio.
En Salta, como lo demuestra la reciente decisión del gobierno de incorporar a la empresa Saeta vehículos propulsados por biodiesel, lo importante no es la calidad del aire ni la reducción de las emisiones sino solo el ahorro en la factura del combustible.
Es evidente que el uso de vehículos que utilizan biodiesel en vez de combustible derivado del petróleo es ya un avance sobre lo que teníamos antes, pero es casi inexplicable que pudiendo el gobierno optar ya mismo por una política de emisiones cero para el transporte público (por ejemplo, con la utilización de vehículos 100% eléctricos) se haya abierto una especie de «transición enérgética», en la que que priman criterios como el del ahorro de dinero o el estímulo a la producción local del combustible y no se atienda a objetivos como el de reducir la contaminación o mejorar la calidad del aire.
A causa de un visible error de cálculo del gobierno provincial (por no llamarle torpeza política), en Salta no se instalará, como en algún momento se anunció, una fábrica de autobuses eléctricos. Los empresarios chinos que pensaban montarla han decidido buscar «mejores aires» para su negocio. Aun así, todavía es posible rectificar y convertir a la calidad del aire en las ciudades en una preocupación central de las políticas ambientales. No solo los ciudadanos tienen derecho a respirar un aire limpio y a conocer a cada instante su calidad, como sucede en muchas ciudades del mundo, sino que los gobiernos tienen también la obligación de elegir las políticas más adecuadas atendiendo a criterios menos materialistas y más centrados en la salud y el equilibrio ambiental.
Bien es verdad que el biodiesel emite una cantidad menor de partículas nocivas que los motores diesel convencionales, pero ello no explica ni justifica el que se haya dejado de lado la posibilidad de que el transporte público de Salta genere cero emisiones y que el gobierno fomente el colectivo para los pobres y las 4x4 para los ricos, como si fuese la cosa más normal del mundo.
La decisión de incorporar nuevas unidades de transporte impulsadas por biodiesel es saludable, pero llega tarde y además retrasará todavía más la transición energética de nuestras ciudades.