
Según el comunicado, los detenidos fueron trasladados a la comisaría de la ciudad de Embarcación y el campamento en que se hallaban, desmantelado por los agentes de la Policía.
Sobre los activistas pesa una denuncia penal por ocupación ilegal de un inmueble privado, aunque en este caso particular se ignoran las causas inmediatas que determinaron que la Policía ha procedido contra ellos.
Según Greenpeace, la medida cautelar dictada la semana pasada por una jueza de Garantías de Tartagal les autoriza a permanecer bloqueando los depósitos de combustible de las topadoras, interpretación que no es compartida por los propietarios de la explotación agropecuaria.
El incidente, en el que ha intervenido una fuerza policial notoriamente desproporcionada en relación con el número de activistas y con su capacidad de resistencia, ha sido aprovechado por Greenpeace para volver a cargar contra el gobernador Juan Manuel Urtubey, a quien acusan de connivencia con los grandes terratenientes «para violar la ley nacional de bosques y arrasar con todo».