¿Cuántas veces ha acudido usted a una comisaría y el escribiente de turno se ha negado a recibir su denuncia? Situaciones como esta no son poco frecuentes en Salta, en donde quienes sufren la indiferencia o la vagancia policial son las mujeres, que muchas veces son disuadidas por los propios funcionarios de presentar denuncias en caso de violencia de género o de personas extraviadas. Pero no sucede igual en materia de caballos muertos, pues según la información oficial de la Municipalidad de Salta, si alguien quiere que la autoridad proceda al «retiro del equino» (sic) debe seguir unos trámites -bastante complicados- que incluyen una previa denuncia policial.
Si se lee con cuidado los requisitos exigidos por la Municipalidad para llevarse el caballo muerto, casi se podría decir que es más fácil conseguir una visa para trabajar en Noruega. Veamos:
Ante la presencia de animales muertos en la vía pública (que no sean de la especie homo sapiens, por supuesto), se debe formular primero una denuncia policial. Luego, un perito de «la fuerza» debe dictaminar sobre la causa del deceso e identificar al propietario del animal, en caso de que lo tuviera. Se supone que no para darle el pésame sino para iniciarle un expediente por haber dejado suelto al animal.
Una vez finalizado los trámites de rigor (de rigor mortis), el «vecino» (del caballo o del animal muerto) debe llamar al 0800 777 4400 y solicitar que la Municipalidad corra traslado a Agrotécnica Fueguina para que proceda a retirar la osamenta.
Es decir, que si el perito policial (convertido en juez de garantías equinas) no autoriza el levantamiento del cadáver, por el motivo que sea, la actuación aliviadora de Agrotécnica Fueguina deviene jurídicamente imposible. Y lo que es peor: la seguridad del tráfico seguirá amenazada (se pueden producir nuevos accidentes mortales) y la salud de los vecinos estará en serio riesgo.
No se sabe muy bien si este alambicado procedimiento administrativo es un guiño a los carreros de Salta o si se trata de un exceso de animalismo. Lo que es indudable es que -como sucedió en un tristísimo caso que por vergüenza ajena evitamos mencionar por su nombre- cuando los cadáveres son de mujeres, los jueces ordenan su levantamiento en condiciones absurdas, que terminan por arruinar la escena del crimen y favorecer la impunidad.
Ya quisieran algunos homicidios tener las mismas reglas procedimentales que tienen en Salta el atropello de caballos. Y que la Policía recibiera todas las denuncias, con independencia de quién sea el que las formule, de su contenido y de la persona del denunciado.