
Como se recordará, dichas propiedades se encuentran a pocos kilómetros de la localidad de Dragones, en el Departamento de San Martín y fueron objeto de un procedimiento contencioso incoado por el Ministerio Público Fiscal, que aún no ha sido resuelto por el tribunal competente.
El procedimiento judicial cuestiona -según el Ministerio Público Fiscal- el desmonte de más de 11 hectáreas, que ahora, en virtud del acuerdo suscrito ayer, van a ser gradual y paulatinamente reconvertidas al paisaje de «bosque nativo inclusivo», mediante un proceso de «restauración y reconversión productiva al manejo de bosques nativos con ganadería integrada».
El acuerdo entre las partes fue presentado ante la jueza de Tartagal, señora Claudia Viviana Yance, a la que se ha solicitado de común acuerdo entre los suscribientes la suspensión de los plazos judiciales hasta el próximo día 25 julio, fecha en que las partes esperan haber concluido un acuerdo conciliatorio definitivo con la enumeración y detalle de las acciones concretas que los ciudadanos Karlen propongan para alcanzar el objetivo propuesto en el acuerdo marco.
Para este propósito, los propietarios de los inmuebles cuentan con asesoramiento profesional, aunque la propuesta deberá ser sometida a examen -según contempla el acuerdo- por parte del equipo que trabajó en la «metodología de remediación».
El acuerdo marco prevé también que si hasta el próximo 25 de julio no se ha presentado ante el Juzgado competente el acuerdo conciliatorio definitivo, «se dará por concluida y fracasada la instancia de negociación abierta y sometida al presente marco».
Según la información oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, de esta manera se retoma el trabajo con el grupo de expertos multidisciplinares de las Universidades Nacionales de Salta y Buenos Aires, del I.N.T.A., de la Dirección de Bosques de la Nación y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que realizó el estudio técnico pericial ordenado con carácter preliminar por la jueza Yance.
Al acto de firma del acuerdo marco asistieron también la Fiscal ante la Corte Nº 1 señora Patricia Di Paolo, el el Secretario Relator en Asuntos Ambientales e Intereses Difusos del mismo tribunal, señor Sebastián Lloret, y la asesora técnica del CIF, señora Leonor Barrenechea.