
El Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, es la persona menos indicada para propiciar una salida a esta crisis por tres motivos muy claros:
1) Carece de competencias para acordar la mayoría de las medidas que los productores pretenden;
2) No quiere enfrentarse al gobierno nacional y asumir el papel de portavoz de los intereses regionales; y
3) Carece de la habilidad política necesaria para lograr los objetivos que los productores se proponen.
El error no es del Gobernador sino de los productores, que -más allá de la legitimidad de sus exigencias- piensan que el gobierno provincial en bloque debe acompañar sus pretensiones sectoriales y que el Gobernador en persona tiene que convertirse en una suerte de portavoz de tales pretensiones.
Muchos salteños -desgraciadamente- están acostumbrados a confundir sus intereses personales o sectoriales con el interés general y piensan que el Gobernador tiene que defender sus particularidades como si en ellas se jugara el futuro de todos los salteños.
Antes de asumir semejante papel, el Gobernador tiene derecho a pensar si las exigencias de una parcialidad no fracturan la solidaridad; es decir, si su concreción no traerá más problemas que los que se busca solucionar. Al Gobernador le corresponde valorar en qué medida una excepción territorial a las normas fiscales vigentes no es injusta con otras provincias y con otros productores.
Es muy dudoso que el gobernador Urtubey quiera meterse en semejante lío. Primero, porque está pegado al gobierno nacional (para lo malo y para lo bueno); segundo, porque sus aspiraciones presidenciales se verían seriamente afectadas si se mostrara ante el gran público como un caudillo territorial y como celoso defensor de los intereses de su tierra; tercero, porque los productores agrícolas en conflicto pertenecen, en su mayoría, a la clase social mimada bajo poncho por el Gobernador.
Por estas razones y por otras que sería casi imposible resumir aquí, Urtubey se ha abierto elegantemente de piernas frente a las exigencias de los productores. Después de sancionar un inútil decreto que declara el «estado crítico» del sector, ahora promete simplemente llamar por teléfono a la secretaria del Ministro de Economía para pedirle una cita. De compromiso y de apoyo, nada de nada.
Estos son los riesgos de considerar al Gobernador como un «gestor» de intereses ajenos. Un buen día el Gobernador se cree el cuento, asume el papel y se limita a llamar por teléfono. Nadie le podrá decir después que no lo ha intentado y que ha dejado de cumplir.