El llamado «gabinete económico» del gobierno provincial de Salta ha sesionado hoy, bajo la presidencia de Juan Manuel Urtubey.
Según la información oficial, la reunión de este grupo de funcionarios ha servido poco más que para pasarse los unos a los otros las manos por el hombro y felicitarse mutuamente por lo «bien» que marcha la economía de Salta.
Desde luego, no se trata de una escenificación casual.
Lo que han querido mostrar Urtubey y sus funcionarios es que en medio de una aguda crisis financiera de escala nacional, la Provincia de Salta es una isla afortunada en donde las cuentas públicas muestran unos números que a cualquiera quitarían el hipo.
Pero la aparente salud de las finanzas provinciales tropieza con algunos datos de la realidad que, en principio, no han sido tenidos en cuenta por los señores que se han sentado a mirarse el ombligo en la reunión del «gabinete económico».
El primer dato es que las cuentas públicas provinciales llevan años sin ser sometidas al conocimiento y al control de la Legislatura provincial. De la primavera de números boyantes solo saben los que gobiernan, pues los representantes de los ciudadanos no pueden confirmar ni desmentir la información que maneja un gobierno que se encuentra en mora de sus obligaciones constitucionales.
El segundo dato es el lamentable estado de la economía productiva en Salta, en donde se multiplican los conflictos sociales provocados por el cierre de grandes empresas (las pocas que existen en el territorio) o la reducción de plantillas en otras. Los indicadores de empleo, actividad e inversión son auténticamente tercermundistas, pero a la hora de hacer un balance de la economía provincial, estos indicadores, al parecer, no tienen ninguna importancia.
El tercer dato es el descenso continuo de la calidad de los servicios públicos que gestiona directamente el gobierno provincial (la sanidad y la educación públicas) y la paradoja que se produce en una función esencial del Estado (la custodia del orden público) en donde el número de policías ha crecido sin parar y lo mismo han hecho la criminalidad y la inseguridad ciudadana.
El cuarto dato es la probada ineficiencia de un sistema de recaudación fiscal basado en impuestos regresivos, que además gestiona un aparato burocrático que de tanto en tanto se enorgullece de utilizar herramientas de gestión tributaria del siglo XIX. Es evidente que si la economía productiva no da de sí, poco se puede esperar de la recaudación fiscal, pero en casos como el de Salta sería suficiente con dejar de presumir de la incautación de camionadas de ropa usada o de mordiscones atrasados a las concesionarias de coches, que no hacen sino dejar en evidencia la endeblez de nuestro entramado recaudador.
El quinto dato es la penosa situación de las infraestructuras provinciales, entendiendo por tales no a los cordones cuneta ni a las redes de cloacas o a los postes de luz, sino a las carreteras, los sistemas de telecomunicaciones, el transporte y las grandes redes de distribución de energía. Este imperdonable déficit se combina con un territorio fracturado, socialmente mal cohesionado y políticamente peor gestionado, que mantiene (por incapacidad, pero también por intereses electorales) enormes bolsas de pobreza y condena así a vastos sectores de la población a la miseria y al atraso perpetuos.
Se podría decir que con este panorama tan desalentador el que la cuentas públicas de Salta no se hayan salido de madre es casi una proeza. Pero no lo es en absoluto.
La «austeridad» proclamada por Urtubey y por su Jefe de Gabinete, Fernando Yarade, tiene un gran enemigo: el Boletín Oficial de Salta, que no tiene más remedio que revelar, de vez en cuando, los gastos inútiles en que incurre el gobierno (designaciones de nuevos funcionarios, subvenciones discrecionales no cubiertas por Ley, costosísimos viajes al extranjero, etc.).
Ni Urtubey ni Yarade dicen ni parece que vayan a decir una sola palabra sobre el impacto que el pseudoequilibrio fiscal de Salta pueda llegar a tener sobre la economía productiva. Teniendo en cuenta de que el Gobernador de Salta viene alardeando desde hace mucho de rigor en las cuentas públicas, es probable que los inversores, tanto nacionales como extranjeros, no se crean mucho el cuento de las «buenas cuentas» de Salta o, incluso, que algún atrevido tenga los números reales.
En cualquier caso, lanzar los sombreros al viento por tan poca cosa, cuando el gobierno se sigue mostrando incapaz de solucionar la crisis social provocada por el anunciado cierre del ingenio San Isidro, no tiene otra explicación que la necesidad de Urtubey de marcar diferencias con la gestión económica de Macri y presentarse ante la gran audiencia del sur del país como un prolijo gestor de los recursos, cuando casi todo el mundo sabe que, en economía, no ha hecho sino coleccionar fracasos.
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