En Salta, una disputa triangular entre el gobierno, los taxistas y los remiseros es capaz de dar al traste con toda una estrategia política del gobierno, hasta el punto de tumbar al funcionario a cargo del área correspondiente. Puede quedarse la ciudad sin taxis ni remises y dedicarse éstos a colapsar la circulación urbana con sus manifestaciones de protesta, que el gobierno sentirá en la nuca el aliento del fracaso y entrará en pánico como si comenzara a faltar el agua . No sucede lo mismo, desafortunadamente, cuando la naturaleza o la impericia humana dejan a cientos de miles de usuarios salteños sin conexión a Internet.
El gobierno de Salta no sólo no considera al acceso a Internet como un derecho fundamental de los ciudadanos, sino que tampoco lo considera como un servicio público esencial. "Mientras haya agua en los ranchos...", se escuchó decir a algún funcionario muy poco enterado de la importancia de las Nuevas Tecnologías en la vida de las personas.
Salvo alguna que otra aislada pataleta, concretada a través de la defensa del consumidor o algún organismo menor, carente de facultades, el gobierno de Salta no se toma en serio el impacto de Internet en la información ciudadana, en la seguridad y en la salud de los salteños. La sola constatación de que Internet es capaz de salvar vidas, si se utilizan correctamente sus herramientas de comunicación, debiera de alertar al gobierno de su crucial importancia y de la necesidad de asegurar la continuidad del servicio de acceso, aun en las más dificultosas condiciones.
Para ello, el gobierno debe superar la concepción del acceso a Internet como un bien suntuario y considerarlo al nivel de las prestaciones básicas a que tiene derecho una persona asistida por la famosa "tarjeta social".
El gobierno de Salta -tan declamativamente comprometido con el despegue del turismo- debería saber que ciertos turistas del mundo desarrollado son capaces de viajar a países en donde existen plagas, enfermedades y riesgos de seguridad personal, pero desechan los destinos en donde el acceso a Internet es imposible, discontinuo o dificultoso.
No son los ciudadanos sino el gobierno el que debe encontrar las fórmulas más eficaces para que el acceso a Internet de los salteños no dependa de un prestador monopólico y de una conexión física única con los nodos distribuidores del tráfico. Al contrario, al gobierno corresponde fomentar -mediante exenciones fiscales o por el mecanismo que sea- la pluralidad de prestadores y la disponibilidad de éstos de conexiones redundantes que proporcionen una salida alternativa a Internet cuando se produce la caída de los enlaces de uso habitual.
En una palabra, no es deseable -aunque sea posible- que los salteños que utilizamos Internet vivamos con el Jesús en la boca por el hecho de que una tormenta entre Rosario de la Frontera y Metán nos deje nueve horas sin servicio, sin que el gobierno no emita ningún comunicado, ninguna opinión y que, en definitiva, no se le mueva un pelo.