Después de que se apruebe la reforma del matrimonio civil en la Argentina que permitirá el 'matrimonio gay' -si es que se aprueba, claro está- los oficiales encargados del Registro Civil estarán obligados a casar a las parejas integradas por personas del mismo sexo, en tanto y en cuanto cumplan con los requisitos legales, sin que importe su condición o sus preferencias sexuales, extremos sobre los cuales, desde luego, no podrán ser preguntados. Así como a ninguna persona que contrae un matrimonio 'normal' (por así llamarlos) se la puede prejuzgar heterosexual por el solo hecho de contraer matrimonio con una persona de sexo diferente, a nadie se le podrá etiquetar de homosexual si, al final, decide casarse con otra persona de su mismo sexo.
Esto está en la lógica de las cosas.
En España, en donde una polémica reforma legal ha habilitado el matrimonio entre personas del mismo sexo, no se ha producido, ni por asomo, la 'revolución gay' que los impulsores de la ley esperaban, ni se ha puesto freno a la discriminación, ni se ha constatado una -por algunos temida- avalancha de matrimonios de este tipo.
Sólo con aludir a ellos como "matrimonios de este tipo", uno ya tiene una idea de las dimensiones de la discriminación que están expuestos a sufrir quienes se casaron, precisamente, con la esperanza de dejar de ser discriminados.
Tampoco se ha producido -y hay que reconocerlo- la desestructuración de la sociedad, su ruina moral o el final de la familia, como advertían los agoreros pronósticos de los catastrofistas que se opusieron en su momento a la reforma.
Está muy bien -además de muy moderno- que ciertas personas que no podían casarse antes presuman ahora de estar casados. Pero la cosa deja de ser tan guay y tan graciosa cuando deben enfrentarse a un trámite y alguien les dice: ¡Ah! Ustedes conforman un matrimonio "de esos".
Pero el caso es que hombres con hombres y mujeres con mujeres se han casado en España, no sólo para formalizar su amor precisamente, sino también para facilitar la obtención de residencias por matrimonio a ciudadanos extranjeros, para saldar deudas patrimoniales o de otro tipo, para constituir sociedades con ciertos beneficios fiscales, para acabar con las expectativas hereditarias de algunos, para cobrar pensiones o para llevar a cabo cualquier otro negocio jurídico que requiera de la existencia de un matrimonio.
Cierto es que también se casan por los mismos motivos hombres con mujeres y viceversa, lo cual -por lo menos- significa que en el árido pero ancho terreno del fraude de ley, rige en España una igualdad absoluta para todos y que se ha desterrado felizmente la discriminación.
Todo indica que la bendición legal de los matrimonios 'gays' -a cuatro años de su entrada en vigor- no ha traído en España los efectos bienhechores que se le suponían de antemano. Algunos llegan a decir que, por el contrario, esta ley, en conexión con la Ley Integral de Protección contra la Violencia de Género, ha creado un enorme área de desprotección a los nuevos cónyuges, pues cuando llueven las palizas en el seno de "matrimonios de este tipo", la famosa ley de la violencia de género se convierte en papel mojado.
La ley feminista sólo protege a las mujeres de la violencia machista, pero no tanto a los hombres cuando reciben maltrato de sus parejas hombres, ni a las mujeres cuando son molidas a palos por sus parejas mujeres.
Por tanto, atentos aquellos que piensan que una simple reforma legal en la Argentina va a terminar con la discriminación y va a consagrar la igualdad Urbi et Orbi. Las cosas no son tan fáciles como las pintan.
A cuatro años de la sanción de aquella ley, parece que la comunidad gay española no tiene los elementos suficientes (ni la euforia necesaria) para hablar de una 'victoria' sobre los prejuicios, la segregación, la maledicencia y el estatus poco menos que infame que la condición homosexual todavía tiene -lamentablemente- en algunas comunidades primitivas. Y en España -país progresista donde los haya- todavía hay muchas de estas comunidades. En la Argentina también.