Hace instantes se ha conocido la noticia de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España ha condenado al juez Baltasar Garzón a la pena de 11 años de inhabilitación, al hallarlo responsable de un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas). Garzón había sido enjuiciado por haber ordenado la intervención a las comunicaciones de los jefes de una trama de corrupción que se hallaban en prisión.
La resolución del Tribunal Supremo es contraria a la postura del Ministerio Fiscal, que había defendido la legalidad de actuación de Garzón en el caso de las escuchas a los cabecillas de la llamada trama Gürtel.
Ayer habían concluido las vistas de otro juicio que tiene al juez Garzón sentado en el banquillo: el de la investigación de los crímenes del franquismo. El mismo magistrado -actualmente suspendido en sus funciones- afronta un tercer proceso penal, relacionado con el presunta percepción indebida de dinero por los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
De quedar firme, la condena a 11 años de inhabilitación supondría el fin de la carrera de Baltasar Garzón en la judicatura española.