El pasado día 10 de enero, mediante una comunicación sin firma de autoridad responsable, la Secretaría de Prensa del gobierno provincial de Salta comunicó la suspensión unilateral de la llamada "pauta publicitaria oficial" durante los meses de enero y febrero de 2012. Aunque la decisión del gobierno fue comunicada en principio solo a "Titulares de Emisoras de Radio, Televisión y Productoras Independientes", afecta también -y de modo singular- a los medios escritos, tanto analógicos como digitales, sin distinciones de ninguna naturaleza.
Probablemente se trate de la primera y de la única medida "igualitaria" adoptada por el gobierno de Salta en materia de tratamiento hacia los medios de comunicación: un cese horizontal y absoluto de la prestación publicitaria, que coloca en delicada situación tanto a los medios que facturan enormes cantidades como a los que perciben las más modestas.
Sin embargo, la medida -por su forma y por su fondo- ha puesto de manifiesto, en toda su magnitud, la enorme discrecionalidad del poder político a la hora de asignar y desasignar recursos públicos para los medios de comunicación privados.
Nadie suspende -de forma unilateral e inconsulta- el cumplimiento de sus obligaciones, a menos que racionalmente piense que tales obligaciones no existen.
En otros términos, que el gobierno no se hubiera animado a suspender las "pautas" de enero y febrero, si no estuviera realmente convencido de que puede dar y quitar a placer, cuando y como mejor le convenga.
La publicidad oficial ya era un territorio sin ley, hasta que el gobierno de Salta desnudó otro hecho aún más irritante: que también es un territorio sin contrato; un espacio en donde la palabra de los gobernantes y gestores públicos -ese rasgo de honor que las personas empeñan y que sirve para apuntalar las relaciones contractuales no documentadas- vale menos que la más injusta e insignificante de las "pautas" publicitarias.