Hace dos días, nuestro medio se hizo eco de una denuncia por presunto abuso sexual entablada ante la Policía de Salta por un familiar de una joven trabajadora del Mercado San Miguel de Salta, de tan solo 15 años de edad. En aquella publicación se puso de relieve una situación paradojal: Que el revuelo mediático causado por el supuesto abuso sexual, había ocultado el hecho, ciertamente grave, de que la jovencita no tiene edad legal para trabajar.
A partir de nuestra publicación, los mismos medios que no habían visto en este asunto -o no habían querido ver- una clara violación a los derechos de la infancia, comenzaron a "preocuparse" por los frecuentes casos de trabajo infantil que se producen en el ámbito del comercio informal, en pleno centro de la ciudad de Salta.
La inquietud mediática dio entonces un giro de 180 grados; hasta el punto de que el Administrador del Mercado Municipal, señor José Muratore, se vio obligado a salir a la prensa para defender el buen nombre y honor de aquel mercado, definido por algún periodista como "una cueva de ladrones y punguistas".
El señor Muratore -de cuyas buenas intenciones, por ahora, no se puede, dudar- ha dicho: “lo primero que pido es que no haya menores en el mercado”.
Pero la tarea del Administrador no consiste en "pedir" ni en dar consejos a los puesteros, sino en observar y hacer observar las leyes. En este caso concreto, más que pedir que no haya menores, como lo haría un buen padre de familia, el señor Muratore debió exigir a la autoridad laboral que inspeccione los puestos y que aplique las sanciones correspondientes en caso de trabajo infantil.
Una revelación sorprendente
Lo más sorprendente, sin embargo, no ha sido la defensa de Muratore sino la del puestero denunciado por supuestos abusos sexuales en perjuicio de su empleada de 15 años.El puestero, que se ha definido a sí mismo como "una persona de bien", ha revelado algo sencillamente sorprendente: Que su joven empleada de 15 años, no solo se hallaba trabajando ilegalmente para él, sino que también se encuentra embarazada desde hace dos meses (¡!).
Pone los pelos de punta enterarse de que además de contratar a una jovencita que no tiene edad legal para trabajar, el puestero se valía del trabajo de una persona en estado de gestación; de alguien que, por su edad, requiere más de cuidados médicos que de un trabajo asalariado.
Aún más grave que esto, es pensar que el embarazo de la joven de 15 años pueda ser la consecuencia de un delito contra la libertad sexual, y más concretamente del previsto y reprimido en el artículo 120 del Código Penal argentino.
Vale la pena recordar, que este delito se consuma en caso de acceso carnal a persona menor de dieciséis años, sea por un mayor de edad, sea cuando media aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima o sea cuando el agresor mantiene con ella una relación de preeminencia.
Nada hace pensar que haya sido el puestero el responsable del embarazo, pero hay motivos que inclinan a considerar que el embarazo de la joven trabajadora es, o puede ser, consecuencia directa de un hecho ilícito no denunciado.
Lo curioso, una vez más, es que la prensa que se escandaliza por estas cuestiones, siga dándole vueltas al trabajo infantil y no reflexione sobre el enorme peso social, moral y jurídico que, en Salta, representan los embarazos en la infancia o adolescencia, y que nadie haga nada para evitarlos.
Una vez más nos preguntamos: ¿Dónde está la señora Asesora General de Incapaces del Ministerio Público de Salta? Tal vez se encuentre en la comodidad de su despacho esperando a la Cámara de Senadores, que preside su propio hermano, le otorgue el acuerdo para desempeñar el mismo cargo durante seis años más.