Hace pocos meses, el gobierno de Urtubey, por boca de su entonces Ministro de Seguridad, Pablo Kosiner, negó de modo categórico que la Policía de Salta se dedicara a tareas de "inteligencia política"; esto es, a realizar espionaje y redactar informes secretos sobre los movimientos de dirigentes políticos y sociales de Salta. Todo esto sucedió cuando, en una manifestación de estudiantes, alguien advirtió la presencia de un policía de paisano que, de forma no muy discreta que digamos, iba anotando nombres y circunstancias en una libretita, al tiempo que fotografiaba a los manifestantes con un celular de baja gama en megapíxeles.
A partir de las declaraciones del señor Kosiner, refrendadas por el entonces Secretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia, todo el mundo entendió, o creyó entender, que la muy democrática Policía de Salta había desterrado definitivamente la fea costumbre de husmear en las vidas y costumbres de los dirigentes políticos, como en su buena época hacían a pata suelta el comisario Guil y sus secuaces.
Pero todo este paisaje idílico se derrumba a los pocos meses, cuando un alto oficial de la fuerza es detenido por narcotráfico por sus propios compañeros, y decide revelar (o "cantar", como se dice en la jerga) que entre sus tareas -las oficiales, no las delictivas- se contaba la de realizar escuchas telefónicas al diputado nacional Alfredo Olmedo.
Una muy mala noticia para el gobierno; claro está, de ser cierta.
Porque la razón de ser de tales escuchas sería nada menos que una orden "impartida por la superioridad" (¿el señor Saravia? ¿el señor Kosiner? ¿el señor Urtubey?) para que los movimientos y pensamientos del señor Olmedo estuviesen perfectamente registrados en un disco duro por la policía y por el gobierno.
Grave asunto, porque ya no se trata de un cana jovencito con una libretita y una birome BIC, sino de todo un señor subcomisario, experto en inteligencia criminal, que, según sus propias manifestaciones, habría tenido como colaboradores en las tareas de espionaje a un empleado público, a un ingeniero en telecomunicaciones y a un oficial retirado del Ejército.
El asunto se torna más preocupante cuando a las revelaciones del subcomisario detenido se une el suicidio reciente -todavía sin explicar- de otro alto mando policial, al parecer, agobiado por las presiones de la susodicha "superioridad".
Es ahora el turno del joven ministro Troyano. Él deberá aclarar si el aparato de "inteligencia criminal" de la Policía de Salta, pensado idealmente para infiltrarse en redes mafiosas y asegurar su desarticulación, también sirve, en sus ratos libres, para espiar a políticos opositores, a sindicalistas, a manifestantes callejeros, a travestis activistas y a militantes de la "línea dura".
Toca al ministro Troyano decirnos si, entre tanta pasión retro, en Salta ha vuelto también la moda de los servicios.