Un grupo de trabajadores municipales, que responden a las directivas del sindicato ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), han ocupado las instalaciones de la Municipalidad de Salvador Mazza, localidad fronteriza ubicada en el Departamento de San Martín, al Norte de la Provincia de Salta. Lo han hecho como medida de protesta contra el gobierno municipal que les estaría adeudando el pago de sus salarios.
El Departamento de San Martín es una región que últimamente ha ocupado la primera plana de los medios de comunicación de Salta a causa de los repetidos anuncios, tanto del gobernador Urtubey como del vicegobernador Zottos, sobre el cumplimiento de la 'deuda histórica' contraída con los habitantes de esta parte de la Provincia y sobre el nivel de paz social que allí se registra.
Nada de esto parece consolar a los empleados municipales de Salvador Mazza, que reclaman el pago de los sueldos atrasados pese a las buenas palabras del secretario Quilodrán que dijo que el Intendente está haciendo "un gran esfuerzo" para abonar los sueldos y que el gobierno provincial encara obras de cierta envergadura para la localidad.
Las palabras de Quilodrán suenan paradojales, toda vez que llegan en un momento en que el gobierno ocupa amplios espacios para autoexaltar su capacidad para descentralizar y relacionarse con los intendentes, y para asegurar que se ha mejorado sustantivamente la capacidad administrativa de los municipios de Salta.
Lejos de comprender la sofisticación de los programas de formación que lleva adelante el gobierno para desarrollar el liderazgo local de los intendentes, los trabajadores municipales de Salvador Mazza quieren "menos Universidad Austral" para su Intendente y más formalidad y puntualidad a la hora de abonar los salarios.
Los trabajadores han ocupado el edificio municipal, entre otras razones, porque afirman que el intendente Carlos Villalba "no aparece nunca" por la Municipalidad. Ante la situación provocada por la ausencia del Intendente de los lugares que solía frecuentar, los trabajadores insatisfechos anuncian que recurrirán a la intervención de los ministros y del propio Gobernador de la Provincia, en caso de ser necesario.
Los sindicalistas denuncian el incumplimiento de los compromisos salariales adoptados en marzo de 2010 y que el atraso municipal en su abono está perjudicando a unas 500 familias de la zona. Denuncian asimismo que la Muncipalidad recibe mensualmente una inyección de recursos estimada en unos 300.000 pesos, cantidad que juzgan suficiente para atender el pago puntual de los salarios.