El fiscal penal Pablo Cabot sigue adelante con las diligencias del sumario iniciado de oficio contra el intendente de Tartagal Sergio Leavy y miembros de su equipo de gobierno, en el que se investiga la posible comisión de varios delitos contra la administración pública. La investigación fiscal comenzó tras tomar estado público la presunta defraudación sufrida por un plomero de Tartagal, cuyo nombre y firma se habrían utilizado fraudulentamente para librar cheques por cantidades de hasta 50.000 pesos.
Leavy y otros funcionarios se encuentran imputados por los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes y falsificación de instrumento público.
El Intendente urtubeysta suma así un nuevo factor de zozobra, ya que, como se recordará, el Concejo Deliberante cuyo mandato expiró en diciembre pasado, lo había destituido después de un impeachment en el que se puso de manifiesto una serie de graves irregularidades en la administración de la Municipalidad tartagalense.
Leavy permanece en su cargo gracias al efecto suspensivo del recurso de apelación que interpuso ante la Corte de Justicia contra la resolución que ordenó su destitución, si bien el nuevo Concejo Deliberante, surgido en las últimas elecciones, lejos de mantener la decisión destitutiva, resolvió allanarse al recurso de apelación interpuesto por LEavy.
Las nuevas diligencias propuestas por la Fiscalía, dependiente de la Procuración General de la Provincia, se suman a las efectuadas inicialmente y que consistieron en allanamientos a la sede municipal y en el secuestro de numerosa documentación relativa a la administración financiera del municipio.
La causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción Formal de 2ª Nominación del Distrito Judicial del Norte, circunscripción Tartagal, en donde el intendente imputado ya prestó declaración indagatoria.