El juez Ricardo Martoccia, integrante de la Cámara en lo Criminal de Tartagal, ha resuelto estimar un "hábeas corpus colectivo y correctivo" y, en consecuencia, formuló una intimación a la Secretaría de Seguridad y a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios "para que adopten las medidas necesarias y pertinentes para la provisión de raciones diarias de alimentos en condiciones de cantidad y calidad suficientes para las mujeres y menores alojados en el Cuerpo Femenino y la Unidad de Protección al Menor de la Unidad Regional 4 de aquella ciudad. La acción judicial fue ejercida por la Defensora General de la Provincia, Adriana Arellano la Defensora de Cámara, María Lorena Babicz y la Defensora Oficial Penal 2, Alicia del Valle Luna.
Según ha informado el Poder Judicial de Salta, en el Cuerpo Femenino de Tartagal permanecen alojadas las mujeres a disposición judicial. Para ello, el edificio cuenta con una sola celda de cuatro por cuatro metros, dos baños y una ducha, además de una pileta de cemento. El edificio no cuenta con un área de recreación o esparcimiento ni un comedor específico.
Las condiciones no son mejores en la Unidad de Protección al Menor, que sólo dispone de dos celdas con capacidad para cinco personas. El edificio no cuenta con gas natural ni con instalaciones para gas envasado, motivo por el que no hay posibilidades de tener agua caliente.
Respecto de las raciones diarias de alimentos, Martoccia dijo que resultan “ampliamente insuficientes que va en detrimento del desarrollo físico y mental de las mujeres y en especial de los menores, toda vez que al sufrir la carencia de alimentos, no sólo privamos a los mismos del respeto que merecen y la dignidad inherente a la persona humana sino, que atentan contra todos los derechos emergentes de la Declaración Universal de los Derechos del Niño contemplados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional que tiene plena operatividad en nuestro país y que por ese motivo corresponde diligenciar y ordenar inmediatamente a las autoridades responsables para que se provea de los alimentos en la cantidad y calidad necesaria de los internos tanto femeninos como menores que se encuentran en dicha unidad operativa”.
El juez y las obras pendientes
Según la oficina de prensa del Poder Judicial, el juez "exhortó" al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas termine en los plazos previstos las obras del nuevo edificio destinado al Cuerpo Femenino y la Unidad de Protección al Menor de la Unidad Regional 4 de Tartagal. La ejecución de tales obras había sido ordenada en 2008 por la jueza en lo Correccional y de Garantías 2 de Tartagal, Sandra Sánchez.El juez dice en su fallo que mantener a seres humanos en las condiciones de hacinamiento “constituye por sí mismo un trato degradante, también contrario a la dignidad humana, que se intensifica, todavía más, cuando se combina con las falencias en materia de luz, ventilación, higiene, lugar en dónde dormir, alimentación, lugares de recreación y mobiliario necesario, mínimo e indispensable”.