A veces es necesario preguntarse si todo este reverdecer del movimiento de los llamados "pueblos originarios" no está un poco sobredimensionado y sobrevalorado entre nosotros. Porque tal parece que el reconocimiento constitucional a la preexistencia de estas comunidades y al respeto de sus costumbres y sus tradiciones, (actos de elemental justicia, por cierto) no sólo han servido para promocionar -poco y mal- a ciertos grupos cuya existencia ya era visible mucho antes de aquellos reconocimientos, sino que ha obrado como pretexto para que surgieran como hongos nuevos grupos que reivindican nuevos derechos al amparo de aquella difusa tutela constitucional.
No debemos engañarnos y pensar que esta especie de "ganga jurídica" que proporciona el estatuto de "pueblo originario" no ha animado a algunos oportunistas a mirarse al espejo y, tras comprobar sus facciones incaicas o su lejano parentesco con Condorcanqui, a proclamarse inmediatamente "primer habitante" de ciertas tierras.
Muchas comparsas han avanzado en esta discutible línea.
El problema no es que nadie se descubra a sí mismo como "poblador originario"; el verdadero conflicto surge cuando quienes reivindican tal condición se sienten o pretenden colocarse fuera del sistema de convivencia instituido por la Constitución. Sucede cuando el "poblador originario" se siente diferente en derechos y obligaciones al "hombre blanco", es decir, al resto de los ciudadanos y pretende conseguir por vía de excepción lo que los ciudadanos normales (no originarios, pero mayoritarios) no pueden por las vías normales.
Ser "pueblo originario" constituye una identidad cultural, si acaso étnica, mas no política.
Una vez más hay que decir que si los derechos de los llamados pueblos originarios hubiesen sido incluidos en la Constitución como si sus beneficiarios constituyesen auténticos Estados diferentes a los Estados nacional y provincial, tal cláusula no tendría valor constitucional sino consideración de pacto de Derecho Internacional.
En virtud de tal reconocimiento, el poblador originario acepta sin reservas el sistema institucionalizado de convivencia que establece la Constitución y no lo cuestiona. Su cultura, sus costumbres e, incluso, su propiedad, han de ser respetadas, pero no sin condiciones. Sería absurdo que la Constitución practicara un reconocimiento de esta naturaleza dejando al mismo tiempo a sus beneficiarios la posibilidad de abandonar los valores de la Constitución cuando les apeteciera.
Aun presa de sus balbuceos políticos y jurídicos, el gobernador Urtubey tiene razón cuando -en el caso de los Lules y los terrenos cedidos al Jockey Club- defiende que "más del 80% en San Lorenzo son criollos que no se consideran miembros de ninguna comunidad originaria". Con los respetos debidos, nunca antes -desde la organización institucional del país- se ha sabido que existiesen "pueblos originarios" a ocho kilómetros del centro de la Plaza 9 de Julio de Salta. Aunque todo es posible, desde luego.
Lo que no es posible es que ninguna comunidad originaria pueda oponer sus propias leyes al Estado que le brinda reconocimiento, y es por ello que vuelve a acertar el gobernador Urtubey cuando considera que la actuación del gobierno y de la justicia se han ajustado a la legalidad. Una legalidad que puede ser injusta, claro está, pero que no puede ser ignorada o desobedecida por ningún ciudadano, aunque se cuelgue el rótulo de "poblador originario".
Otra cosa muy diferente -por supuesto- es que no haya sido legal la actuación de la policía. Paradójicamente, frente al exceso policial, la comunidad agraviada no da señales de querer reaccionar enviando un malón a la esquina de Güemes y Balcarce para poner sitio a la jefatura del comisario Paz y sus acólitos. Al parecer, los originarios de Las Costas exigirán responsabilidades por la vía de los mecanismos del Estado de Derecho. ¿Por qué entonces ampararse en aquella parte de la Constitución que les concede derechos e ignorar aquella otra parte que les impone obligaciones?
Si es ilegal o injusto el avance público/privado sobre aquella "reserva de usos múltiples", el deber de quienes defienden tal idea es luchar infatigable pero pacíficamente para modificar las leyes y decretos que autorizan tales avances, y no pasarlos por alto por el mero hecho de ser o de llamarse a sí mismos "pobladores originarios".