El juicio penal que determinará las responsabilidades por el secuestro, desaparición y muerte del exgobernador Miguel Ragone, cuyas vistas darán comienzo el día 4 de abril próximo, se realizará finalmente en el salón de grandes juicios de la Ciudad Judicial de Salta, ubicada en la zona norte de la ciudad. Si bien los hechos se juzgarán con unos 35 años de retraso, la presidente del tribunal federal competente, señora Marta Liliana Snopek, se ha preocupado por darle al juicio un escenario adecuado.
El Poder Judicial provincial de Salta ha informado hoy que la próxima semana se suscribirá un acuerdo con la justicia federal para que el tan esperado juicio pueda llevarse a cabo en las nuevas instalaciones que la justicia ordinaria posee en la zona norte de la ciudad de Salta.
El acuerdo contemplará la posibilidad de que la justicia federal -cuyas instalaciones se han quedado pequeñas para este evento- utilice temporalmente el salón de grandes juicios ubicado en el subsuelo de la Ciudad Judicial y que lo haga "durante gran parte del año", ya que está previsto que las audiencias orales se extiendan hasta agosto próximo.
La causa, caratulada como “Herrera, Rubén Nelson y otros sobre encubrimiento en concurso ideal con el tipo penal de omisión de represión de delincuentes; homicidio calificado y lesiones; coacción agravada y homicidio doblemente agravado en dos hechos en concurso real y lesiones”, tiene como imputados a Luciano Benjamín Menéndez, exjefe del Tercer Cuerpo de Ejército, a Carlos Alberto Mulhall exjefe de la guarnición local del Ejército, a Miguel Gentil, exjefe de la Policía de Salta, a Joaquín Guil, exjefe de Seguridad de la misma policía, a Jorge Héctor Zanetto, exvocero de la Triple A y a los expolicías Andrés del Valle Soraire, Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera.
Además del secuestro y desaparición de Ragone, en la causa se investiga el homicidio del comerciante Santiago Arredes -asesinado durante el mismo secuestro de Ragone- y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal. Los hecho que se juzgarán se remontan al día 11 de marzo de 1976, casi dos semanas antes de que se produjera en la Argentina el golpe militar que puso fin anticipadamente al gobierno de María Estela Martínez de Perón.