Una juez de Tartagal, en la Provincia de Salta, condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso a las personas que en julio de 2008 cortaron el camino principal que conduce a un pozo petrolero en la localidad fronteriza de Salvador Mazza. Los hechos se remontan al año 2008, tiempo en que, durante una protesta, los manifestantes cerraron el paso al camino principal que conduce al pozo Tuyunti CTX2, a cien metros al norte del puesto de control de Gendarmería Nacional en el paraje conocido como “El Chorro”.
En la fundamentación de la sentencia, la magistrada recuerda que “si bien la Constitución Nacional además de reconocer los derechos que invocan los acusados, que es el solicitar trabajo, exige que sean pacíficos y razonables, no pueden canalizarse a través de delitos. Y el tipo previsto en el art. 194 del C.P., por su ubicación en el digesto sustantivo, se incluyen dentro de aquellos que tutelan la seguridad pública, en concreto el funcionamiento del transporte en general; este tipo de delitos se caracterizan porque lesionan la seguridad mediante la producción de un peligro”.
Según el fallo, las acciones delictivas consisten en “estorbar”, molestar o tornar más incómodo, “entorpecer”, hacer más dificultoso el funcionamiento de los transportes o la prestación de los servicios.
A los condenados les fue impuesta también la prohibición de concurrir a manifestaciones ilegales.
Dos de los acusados, Irma Cristina Veisaga (supuesta instigadora) y Walter Emilio García, fueron declarados rebeldes y se ha solicitado a las fuerzas de seguridad su captura, por eludir el accionar de la justicia.