El Gobernador de Salta ha demostrado en un solo día, y sin intervalo de tiempo, que es capaz de tener un gesto humanitario y altruista, seguido inmediatamente de otro soberbio y autoritario. Señala la información que mientras el gobernador Urtubey se desplazaba con su vehículo particular (el que conducía personalmente) por la avenida que conecta el centro de la ciudad de Salta con el aeropuerto local, se produjo un accidente en el que se vio involucrado un móvil de la Gendarmería Nacional que escoltaba al mandatario o que formaba parte de su caravana.
Por causas que se desconocen aún, el vehículo de la Gendarmería colisionó con una motocicleta a la altura de la estación de General Alvarado, ubicada a pocos kilómetros del acceso al aeropuerto. La moto era conducida por una niña de 15 años que llevaba como acompañante a otra de 14. Ambas jóvenes resultaron lesionadas de cierta gravedad.
Al presenciar el accidente, el Gobernador detuvo su vehículo, se apeó y auxilió a las infortunadas motoristas. Hay que aclarar que lo hizo no tanto por su amable rostro y su espíritu de buen samaritano, sino porque la ley lo obliga a hacerlo, so pena de incurrir en las penas previstas en el Código Penal para aquellos que cometen lo que se conoce como omisión de auxilio.
Cumpliendo entonces con su deber cívico, el mandatario se comunicó personalmente, desde su teléfono móvil, con el servicio 911 que depende de la Policía que se halla bajo su mando, y solicitó una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica de Emergencias y Catástrofes (SAMEC).
Al parecer, la ambulancia se hizo presente en el lugar catorce minutos después de registrada la llamada del Gobernador, lo cual enfureció a éste sobremanera. Según información del propio gobierno, el mandatario consideró irrazonable la demora, pues a su juicio la ambulancia debió haber llegado al lugar en sólo cinco minutos. Tal vez pensó así porque se trataba de él y no de un ciudadano anónimo.
Más tarde, cuando las jóvenes accidentadas fueron trasladadas al hospital en el que por estas horas se reponen de las heridas sufridas en la colisión, el gobierno informó que el mandatario dio la terminante orden de “despedir a los responsables de la demora si se trata de personal contratado y elaborar sumarios administrativos y separar del cargo, si se trata de empleados de planta”.
Así de contundente, así de sencillo.
Hasta ahora no se conoce cuál es la opinión del responsable del SAMEC acerca del tiempo que tardó la ambulancia en llegar al lugar, pero lo que no ofrece duda alguna es que, de haberse producido el fallecimiento de alguna persona en los catorce minutos que mediaron entre la llamada y la llegada de la ambulancia, el Gobernador habría ordenado, no ya despidos sumarísimos y expedientes disciplinarios fulminantes, sino declarado el Estado de sitio y mandado a la Gendarmería a ocupar las calles.
En principio, teniendo en cuenta que la base del SAMEC se encuentra a siete cuadras de la Plaza 9 de Julio, en la calle España al 1300, esto es, en pleno centro de una ciudad cuya circulación en sentido Norte-Sur es sencillamente diabólica a cualquier hora del día, no parece que los catorce minutos que empleó la ambulancia para llegar al lugar hayan sido excesivos.
No obstante, es sabido que el SAMEC tiene habitualmente dispuestas sus unidades móviles de asistencia en centros de salud periféricos, como el ubicado en Barrio Intersindical, que se encuentra a pocos minutos del lugar del siniestro.
Tampoco se sabe a estas horas si la ambulancia que finalmente acudió a la llamada de Urtubey se hallaba en su base, estaba circulando o si se encontraba en cualquier otro punto de ciudad realizando algún traslado urgente. Lo que sí se sabe es que la ambulancia finalmente llegó a donde fue requerida, que asistió a las jóvenes lesionadas y que la situación clínica de éstas no sería ahora mejor si la ambulancia hubiera llegado nueve minutos antes.
¿Qué pretende demostrar el Gobernador al ordenar despedir a los responsables de la demora? Al parecer, Urtubey sólo persigue demostrar a sus subordinados que él sí es capaz de ejercer las prerrogativas de su cargo en escasos cinco minutos; a diferencia del conductor de la ambulancia, al que sólo podrá despedir con justicia si alguien consigue demostrar que se encontraba jugando al truco en un conocido carrito de empanadas de la calle Alvear, y no cumpliendo con su deber con otros enfermos.
Urtubey pretende que pensemos que en la Provincia que él gobierna nadie tarda 14 minutos para hacer lo que debía en 5, si de él y de su soberana autoridad depende. Urtubey es un personaje amante de gestos ejemplarizadores como estos. Para eso se ha entrenado a conciencia en el eficientismo de las escuelas de gestión política.
Por esta razón es que los despidos y los sumarios anunciados son a todas luces excesivos, porque la ambulancia tardó pero llegó y porque nadie resultó seriamente perjudicado por ello. La reacción del gobernador es desproporcionada y debe ser valorada como un inadmisible exceso de celo, como una pataleta demagógica que sólo sirve para advertir a los salteños de que, cuando el que llama a la ambulancia es un ignoto ciudadano de a pie, las esperas son las que son (pueden llegar a ser eternas y, en algunos casos, fatales), pero cuando llama el Gobernador se debe acudir como un rayo.
Es la reacción de quien está acostumbrado a que la servidumbre enloquezca como un hormiguero pateado cuando el amo hace sonar la campanilla.
Mala suerte para el SAMEC, desde luego; mala suerte para el chofer de la ambulancia, para el médico y para la enfermera de guardia. No todos los días es el Gobernador el que llama pidiendo ayuda. La desgracia sólo es equivalente a la del automovilista particular que ha tenido la mala pata de chocar con el auto del Director de Tránsito, o la del cura que choca en una esquina con el vehículo del obispo.
Antes de despedir a trabajadores del SAMEC y de descabezar a su cúpula, ¿no ha pensado el señor Gobernador que sería mejor duplicar el número de ambulancias en la ciudad?
Tal vez esta última solución sea mejor, no sólo porque demuestra un sentido más constructivo del ejercicio de la autoridad, sino porque siempre será más barata que pagar cuantiosas indemnizaciones por despido improcedente o juicios millonarios por sumarios administrativos arbitrarios y fundados solamente en las vísceras calientes del Gobernador.
De un Gobernador que, si no quiere pasar a la historia como un déspota amable, como un tirano sonriente y humanitario, deberá olvidarse rápidamente de lo sucedido y abocarse a mejorar las condiciones en que los trabajadores del SAMEC prestan un servicio tan fundamental para los ciudadanos.