Un comunicado de prensa del Ministerio Público Fiscal de Salta, difundido hoy a los medios, informa que el fiscal Eduardo Barrionuevo solicitó al juez Martín Pérez "que se abstenga de seguir interviniendo en las causas penales que se sigue contra varios intendentes y ex funcionarios municipales". Barrionuevo entiende que la causa contra varios intendentes municipales, acusados de diversos delitos en relación con la administración de las llamadas cooperadoras asistenciales, debe ser ya elevada a juicio oral y público y que el juez "está obligado" a remitir las actuaciones a la Cámara del Crimen.
El fiscal había solicitado la elevación a juicio hace nada menos que cuatro años, pero entiende que la causa "sufrió demoras" por las "innumerables incidencias que planteó la defensa de Corimayo".
El fiscal se refiere al Intendente de Cerrillos, Humberto Rubén Corimayo, un profesional (no letrado) de los estrados judiciales, que deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder de los delitos de fraude a la administración pública, peculado y libramiento de cheques sin fondos.
Corimayo deberá responder ante la justicia más tarde o más temprano, lo mismo que su colega de Rosario de Lerma, Sergio Omar Ramos, encausado por malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública.
A comienzos de esta misma semana, una comisión de vecinos de Cerrillos marchó hacia la Ciudad Judicial de Salta a fin de exigir al juez Pérez la agilización de la causa. Los cerrillanos ven con auténtico estupor que su Intendente se encuentre procesado por la Justicia en numerosas causas, que lo esté por delitos sumamente graves, y que estas causas apenas si registren avances, mientras que el Intendente sigue haciendo de las suyas desde el sillón municipal.