En un comunicado difundido hoy, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta se ha pronunciado acerca de la situación laboral que afecta a profesionales que trabajan al servicio del Ministerio Público de Salta. En dicho comunicado, se califica de "accionar ilegítimo" la actuación del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, del que se dice también que "ha producido precariedad, explotación y una grave discriminación laboral".
El texto completo de la comunicación del Colegio de Abogados de Salta es el siguiente:
El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, hace conocer a sus matriculados y a la sociedad en su conjunto, su accionar ante la arbitraria e injustificada situación de precariedad laboral que atraviesan los profesionales Abogados, y de otras disciplinas, que prestan sus servicios en las dependencias del Ministerio Público de la Provincia de Salta.
Esta situación, hoy de público conocimiento, llevó a que nuestra Institución desde el mes de Julio de 2011 mantuviera permanentes reuniones con los abogados afectados; solicitara en diversas oportunidades audiencia al Colegio de Gobierno del Ministerio Público sin encontrar respuesta alguna; remitiera formal pedido al Colegio de Gobierno del Ministerio Público, resaltando en ocho puntos el respeto que debe tenerse por los derechos de los trabajadores; se realizó presentación ante la Secretaría de Trabajo denunciando la problemática y solicitando su inmediata intervención; y en fecha 16 de Enero se realizó un nuevo pedido de audiencia al Colegio de Gobierno atento el despido o cesantía de 12 pasantes rentados que trabajaban en esas dependencias.
Este accionar ilegitimo ha producido precariedad, explotación y una grave discriminación laboral dentro del Ministerio Público, transgrediendo su obligación fundamental contenida en el Art. 166 de la Constitución Provincial, ya que es el encargado de realizar el contralor de la legalidad y de velar por el respeto de los derechos humanos. Evidentemente en el particular, quedan de lado Principios Constitucionales fundamentales que rigen las relaciones laborales entre las partes, desconociéndose la estabilidad del empleo público consagrado en el Art. 14 Bis, la especial protección que deben gozar los trabajadores, el principio de primacía de la realidad, la buena fe contractual, etc.
Nos encontramos ante una situación de muy grave afectación a la dignidad y decoro en el trato que debe recibir un abogado de la matrícula. Entendemos impertinente una política laboral institucional que privilegie y justifique recortes o limitaciones presupuestarias, por sobre la especialización y capacitación de los profesionales que se brindan a mejorar la eficacia y el rendimiento del Ministerio Público de la Provincia de Salta.
Exigimos que se brinde seriedad y seguridad a los dependientes letrados que participan de la vida del Ministerio Público, quienes resignan el aspecto económico, tan importante en los tiempos que corren, por su vocación de servicio y aprecio a la institución; que se abran a concurso cargos de planta para los letrados contratados bajo cualquier modalidad. En este punto es importante destacar la seriedad con la que el Gobierno de la Provincia viene trabajando, ya que en forma paulatina fue terminando con estas prácticas precarias de contratación en la Administración Pública de Salta, necesariamente se debe ser consecuente con los destinos marcados por el Poder Ejecutivo Provincial; disponer, difundir y respetar reglas claras en lo atinente al ingreso y permanencia en las diferentes dependencias del Ministerio Público de la Provincia de Salta bajo cualquier condición, privilegiando la capacidad e idoneidad de los profesionales en concurso; en forma inmediata debe disponerse un aumento de lo percibido por los profesionales al equivalente de un salario mínimo, vital y móvil; que el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta tenga participación en los concursos para los cargos de secretarios letrados y funcionarios letrados del Ministerio Publico de la Provincia de Salta, tal como es común y habitual en el Poder Judicial de la Provincia. Esta circunstancia dará mayor transparencia a todo el procedimiento de selección, prestigiando a su vez el ingreso a tan importante institución; que se respeten los derechos humanos y de género fundamentales de las mujeres que prestan servicios, otorgándose las correspondientes licencias por embarazo y cobertura de obra social completa para el profesional que ingresa bajo cualquier modalidad y todo su grupo familiar; que se reincorpore y respete a los pasantes o contratados bajo cualquier modalidad atento los hechos de público conocimiento.
Todo lo expuesto genera evidente responsabilidad de los miembros firmantes del Colegio de Gobierno ante los directamente afectados y la comunidad en su conjunto. Con el nombramiento del Dr. Félix Costas, se abre un nuevo horizonte esperanzador para que estas políticas cambien de raíz, por lo que instamos al fiel cumplimiento de la normativa Constitucional en materia laboral y de derechos humanos, cuya omisión compromete sin sentido la justicia y al Estado Provincial.
Con la certeza que nuestra Institución podrá ser una herramienta de unión, nos ponemos a disposición de las partes y autoridades públicas para trabajar mancomunadamente en la superación de esta problemática, exhortando al diálogo y entendimiento de las partes.