El caso de la supuesta corrupción sexual de tres menores de edad en Joaquín V. González ha vuelto a poner sobre el tapete una grave carencia del sistema procesal penal de la Provincia de Salta. Según fuentes judiciales de los tribunales de la ciudad de Metán, los representantes legales de las menores supuestamente corrompidas en González -entre ellas, dos niñas de solo 11 años de edad- no pudieron personarse en la causa penal para ejercer sus derechos de acusación, por carecer absolutamente de medios económicos para poder costear el patrocinio letrado obligatorio.
El hecho pone de relieve la situación de virtual indefensión en que se encuentran las víctimas de los delitos en Salta cuando son pobres, ya que aunque la ley les reconoce el derecho a ejercer la acusación particular en el proceso penal (constituirse en "querellantes", según la terminología usual en Salta), no prevé la posibilidad proporcionar a estas personas asistencia letrada gratuita, como sí sucede, en cambio, con los imputados y acusados en los mismos procesos.
A raíz de este vacío normativo, la Defensora Oficial Civil Nº 4 de Salta, Natalia Buira, ha vuelto a poner el dedo en la llaga. La magistrada ha denunciado que esta carencia regulatoria atenta directamente contra el acceso a la justicia de las víctimas de escasos recursos y, en especial, contra el derecho de niños, niñas y adolescentes que han sido objeto de delitos contra la integridad sexual.
Buira ha recordado que a comienzos de octubre de 2008, dirigió una petición al Colegio de Gobierno del Ministerio Público de Salta para que garantice "el derecho a querellar de las personas de escasos recursos que hayan sido víctimas de delitos". En aquella oportunidad, Buira recordó que es obligación del Ministerio Público amparar el derecho fundamental de acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.
La defensora recuerda también que en el año 2009 el gobirno nacional y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal suscribieron el Programa Patrocinio de Querellas (PROPAQUE) que, precisamente, tiene por objetivo el de brindar asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de delitos que carezcan de recursos y quieran ser querellantes en un proceso penal.
"Iniciativas como el PROPAQUE no han sido reproducidas en Salta. Prueba de ello es que el Colegio de Gobierno del Ministerio Público ni siquiera contestó al escrito que presenté en octubre de 2008", señaló la defensora Buira.
La magistrada sigue pensando que el Ministerio Público debe avanzar en esta línea y facilitar el acceso a la justicia a aquellas personas que ahora están excluidas de hecho por su situación socioeconómica. "Se trata de la revalorización de la víctima y de que ésta no sea un convidado de piedra en el proceso penal, que por supuesto también tienen mucho que ver con un derecho penal castigador o un derecho penal reparador", dijo finalmente Buira.